El grupo parlamentario popular registró la petición de una comisión de investigación para conocer todos los procedimientos y detalles que tengan que ver con la iniciativa Melilla Colabora. Así lo dio a conocer la diputada local Fadela Mohatar, que recordó que ya ha pasado un mes desde que expiró el plazo para poder entregar a la oposición toda la información que llevan pidiendo desde el pasado 4 de junio.
Mohatar recordó que el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para entregar la documentación a la que tiene derecho la oposición para acceder a todos los procesos públicos que tengan que ver con el Gobierno de la Ciudad, y también tienen diez días hábiles para retrasar de forma argumentadla dicho plazo. "Pero ni lo han argumentado ni a día de hoy hace un mes desde que expiró el plazo para obtener la información", indicó. Tras registrar la petición ese mismo miércoles por la mañana, la celebración de dicha comisión deberá ser debatida en el pleno de la Asamblea.
Aseveró que es algo que han ido "solicitando, pidiendo y denunciando públicamente" a lo largo de las últimas semanas, y que dentro del pleno de control lo han pedido mediante tres preguntas que han dedicado exclusivamente al asunto de los procedimientos, los criterios y los pasos para desarrollar la iniciativa. "En el pleno de control pusimos en la mesa todas esas dudas que teníamos, y todas esas, cada vez más, fundadas sospechas de una concatenación de irregularidades en todo el procedimiento de Melilla Colabora en el cual se ha duplicado sin ninguna explicación una administración que es la de Servicios Sociales", explicó Fadela Mohatar.
La diputada sostuvo que Servicios Sociales es una estructura solvente, fuerte y con un equipo multidisciplinar que tiene a su cargo la base de datos con las familias, los seguimientos que se hacen con toda la información de cada uno de los casos. Además es una administración que tiene también una serie de profesionales y técnicos que tienen que avalar todas esas ayudas que se entregan ya sea en caso de emergencia. "Ha duplicado una administración sin ningún tipo de respaldo legal, por lo menos hasta que ahora lo sepamos, por eso estamos pidiendo información de forma infructuosa", expresó.
Añadió que se "ha creado un caos y falsas expectativas" en muchas de las familias "que se han sentido totalmente decepcionadas por la dispersión de información y por la falta de concentración del trabajo. Asimismo, dijo que tampoco se ha trabajado con las asociaciones de vecinos como anunciaron al principio ni han trabajado con las grandes oenegés que desde el 16 de marzo comenzaron a coordinarse entre sí y con Servicios Sociales. Según Mohatar, las organizaciones abrieron entonces vías de abastecimiento para tener la posibilidad de trabajar con 750 familias a la semana y poder entregar 3.000 kilos de alimentos a la semana.
La popular preguntó que porqué ha llegado crearse una administración paralela que además "ha llegado a espantar a los propios técnicos de Servicios Sociales" por el trabajo que se ha hecho de duplicidad, descentralización y una falta de respaldo legal y administrativo a los más de 600.000 euros de dinero público que se ha destinado a este programa de ayudas.
Aseveró que el estado de alarma no ampara saltarse los trámites administrativos. "Lógicamente sirve para agilizarlos y poder acortar plazos para atender una necesidad urgente. Pero si tenían tanta preocupación, ¿por qué no hicieron todos esos trámites de forma coordinada con Servicios Sociales?", cuestionó. Dijo que el responsable tuvo que salir públicamente y tuvo que escribir a las instituciones que dependen de ellas para decirles que "el único control y centro donde se tenia que atender a las familias y se podían entregar estas ayudas era a través de Servicios Sociales.
Mohatar dijo que desde el Partido Popular están "alarmados" ante la opacidad y falta de transparencia y por ello piden "luz y taquígrafos" ante el uso supuestamente fraudulento de todo punto administrativo irregular de más de 600.000 euros para ayudas directas durante la alarma sanitaria". Indicó que el PP hubiera aplaudido cualquier tipo de distribución de ayudas a domicilios siempre que se hubieran realizado de forma regular. Pero acusó a la Consejería de Distritos de "un populismo imperdonable" y comentó que sospechan que un trabajo que podía estar eficaz y centralizado se ha convertido en "un desordenado plan clientela". "Si quieren rebatirnos a estas afirmaciones que hacemos, ¿por qué a día de hoy todavía no se ha entregado la documentación y la información que estamos pidiendo?", agregó.
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