El PP apuesta por el control de fronteras, la repatriación ordenada de inmigrantes irregulares y la cooperación internacional al desarrollo

El Partido Popular apuesta por el control en fronteras, por ayudar a los países de origen de los migrantes que llegan a España y por una repatriación ordenada. Así lo la expresado el diputado nacional del PP por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, en su intervención en el Congreso donde el grupo popular no apoyó una proposición no de ley llevada por Vox.

Díaz de Otazu recordó que el 21 de marzo falleció Nabody, la niña de dos años que llegó en patera a Canarias y superó una parada cardiorrespiratoria, pero no los daños que causó en su cuerpo la travesía que vivió. “Era la víctima mortal número 19, conocida, probablemente serán bastantes más en lo que va año en ese tránsito marítimo. Una tragedia que tiene lugar en nuestras costas y al que lógicamente no podemos permanecer ajenos”, dijo.

El PP no apoyó la proposición no de ley propuesta de Vox que se debatió en el Congreso y reiteró su posición sobre la inmigración basada en el incremento de actuaciones en el control de fronteras, la repatriación ordenada y coordinada con las Unión Europea de los inmigrantes irregulares dentro del respeto en el marco normativo y la intensificación de la cooperación internacional al desarrollo con los países de origen y tránsito de la inmigración por parte de España.

Vox presentó una propuesta en la que plantea que el Congreso inste al Gobierno adoptar contramedidas para frenar “la oleada masiva de inmigración irregular hasta nuestras costas”.

Otazu señala que la exposición de motivo de la propuesta expone apreciaciones sobre “determinadas declaraciones” de autoridades de otros países o sobre alguna normativa de la Unión Europea, que el PP interpreta como “no ajustada a la literalidad de lo que en ellas se manifiesta”.

El diputado nacional del PP por Melilla desglosó cada uno de los puntos que creen no se ajustan. Indica que la aplicación de las contramedidas aplicadas en la resolución 56/83 de la Asamblea General de la Naciones Unidas “hace referencia a la realización de un hecho internacionalmente ilícito, lo cual en el caso de la inmigración irregular, es difícilmente imputable a un Estado concreto”.

Entre los argumentos expuestos por Díaz de Otazu, señala que al citar la directiva 2008/115 del Consejo Europeo, en el artículo 8.4, se prevé la aplicación de medidas coercitivas, “no se menciona que es el último recurso y que ha de ser proporcionada y no ir más allá de lo razonable, así como tampoco se menciona que en el procedimiento de expulsión por vía aérea se requiere solicitar y obtener por parte de los terceros países de tránsito y destino las autorizaciones necesarias para efectuar el vuelo”.

El diputado nacional del PP por Melilla fue claro. “No es posible forzar la expulsión sin contar con la colaboración de los países de origen de los inmigrantes”.