El PP acusa al Gobierno local de hacer un mal uso del dinero público en obras no urgentes

El Partido Popular aprovechó el Pleno de Control para hacer un gran número de preguntas sobre el coste que han tenido determinadas actuaciones, como la rehabilitación por obras de emergencia de parte del cuartel de Santiago para llevar allí módulos para menores extranjeros no acompañados (menas), que finalmente no se montaron, o para adecuar una explanada junto al centro de acogida de La Purísima. Los populares creen que se ha hecho “un mal uso del dinero público” y que se han designado obras por emergencia cuando el motivo que las llevó a ser adjudicadas por este método no lo era.

En concreto, los populares indicaron que no se puede tramitar por emergencia desde Infraestructuras la adecuación de parte del cuartel de Santiago y que luego no se monten allí los módulos para albergar a menores.

Y también indicaron que se ha hecho por emergencia la obra de adecuación de una explanada junto a La Purísima mientras que ahora los módulos no se van a contratar por emergencia. Los motivos que llevaron a esas obras fueron de emergencia, pero luego no se han llevado a cabo y sí esas modificaciones en el terreno.

La Purísima

La diputada del PP, Esther Donoso, interrogó a la Ciudad sobre el coste del arreglo de la parcela que hay junto al centro de acogida de La Purísima porque asciende a 556.000 euros y se hizo por emergencia con tres empresas.

Donoso dijo que Distritos iba a contratar módulos por 3,7 millones de euros por lo que la inversión ascendería 4 millones de euros para ampliar el centro de acogida. Pero su planteamiento fue que al echarse atrás Distritos y no licitar por emergencia la compra de los módulos, también decae que se pueda hacer por este trámite la obra de la parcela.

El consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian, explicó que su área siguió la petición de Distritos y cumplieron con ella. Negó que hubiera tres contratos para rehabilitar la parcela y aseveró que el Gobierno del PP ya tenía previsto ampliar justo ahí La Purísima.

Y la misma idea planteó el diputado del PP, Manuel Ángel Quevedo, sobre la rehabilitación de una zona del cuartel de Santiago. Se hizo por emergencia y luego no se ubicaron allí los módulos por lo que hay justificación para ese coste. Incluso apuntó que el precio de esa obra fue un 228% más elevado de lo habitual.

Bussian respondió que no se trata de una inversión fallida, ya que el Gobierno local cuenta ahora con un terreno que está en condiciones de ser usado para lo que se pueda necesitar. De hecho, apuntó que en Santiago se ha ubicado el laboratorio Ciudad de Melilla donde se hacen las pruebas de Covid-19.

Daños en Rostrogordo

Otra de las preguntas que formuló el PP fue cuáles han sido los daños producidos en el Fuerte de Rostrogordo tras convertirse en un centro de acogida. El diputado popular Javier Lence dijo que había sido un error por parte de Distritos tomar la decisión unilateral de construir en este fuerte un centro de acogida y luego, “adjudicarlo de forma peculiar”.

El consejero de Distritos aseveró que desde hace una semana no hay menores en el centro y se está procediendo a revisar y analizar las reparaciones que son necesarias para volver a abrir el centro a los melillenses.

Por su parte, el diputado del PP, Daniel Conesa, preguntó cuánto ha costado este centro de acogida. Aunque Ahmed respondió que unos 2,3 millones de euros, el popular cree que esa cantidad es superior y se alcanzan los 2,7 millones de euros. Dijo que el coste por mes es de 248.000 euros por lo que es una cantidad mucho más elevada que la que se destina por menor en el centro de acogida de La Purísima. Señaló que fue un despropósito usar este centro para acoger a menores y que ahora está “en un estado lamentable”.

Tras la intervención de Conesa, el consejero de Distritos acusaba a los populares de realizar comentarios xenófobos porque estas cuestiones tenían que ver con menores extranjeros no acompañados. Esto provocó la protesta de los miembros del PP.

Asimismo, la diputada del PP, Esther Donoso, fue la encargada de preguntar si el fuerte cumplía con las normas para albergar un centro de menores.

Donoso defendió que la Consejería de Salud Pública nunca recibió la petición de Distritos para revisar esas instalaciones y cumplir con la normativa que hay sobre centros de menores. Tampoco se contó con un informe preceptivo.

Para la popular este asunto es grave porque se abrió el centro de menores en el Fuerte de Rostrogordo sin la autorización de Salud Pública, “vulnerando la legislación vigente” y teniendo un “total desprecio” por la seguridad de los menores. De hecho, recordó que hubo un incendio hace poco en el interior de este fuerte.

La plaza de toros

Lence también fue el encargado de preguntar por el coste que estaba suponiendo para la Ciudad mantener la plaza de toros como un centro de acogida de inmigrantes. Pero el consejero de Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohand, ‘toreó’ la pregunta asegurando que el dinero invertido era menor que los 9 millones de euros de sobrecoste que según una auditoría ha determinado que hay en la construcción de la estación marítima.

Lence insistió en que si no tenía ni idea, podría haberlo consultado e insistió en que no se comprende por qué está abierto este centro si hay un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) con mejores servicios y que depende del Ministerio de Migraciones, que es quien debe hacerse cargo del coste de mantener a estas personas.

Mohamed Mohand respondió que hubo hasta 500 personas en el interior de la plaza de toros y ahora hay unas 150. Indicó que si no están en el CETI es porque no cumplen con los requisitos, como ser solicitante de asilo. Afirmó que al menos ahora estas personas duermen bajo un techo.

Abogacía del Estado

Por último, el PP preguntó por unos contratos que tras ser adjudicados se desestimaron y la consulta jurídica de ello a una asesoría. Conesa dijo que la abogada del Estado “había tirado de las orejas” a la Administración local por lo que definió como “chapuza”. El consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, dijo que la abogada del Estado había entrado en valorar cuestiones que excedían a su labor en un informe solicitado por la Presidencia y eso se debía a una mala relación personal con el director general.