Por una política migratoria realista, controlada y eficaz

La inmigración ilegal es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el continente europeo. España es especialmente vulnerable, tanto por su condición geográfica de acceso sur a Europa como por la situación del aeropuerto de Barajas, otro acceso preferente en la actualidad para las mafias.

España se enfrenta a una crisis migratoria severa que debe abordarse con responsabilidad y a la altura de las circunstancias. Mientras otros países han logrado reducir el número de inmigrantes irregulares, aquí se han incrementado exponencialmente. Solo entre enero y mayo de 2024, se ha registrado un aumento del 303%, cifra que contrasta con la reducción del 71 % en Grecia o del 58% en Italia.

Las previsiones son altamente preocupantes. El propio Gobierno central ya admite una avalancha migratoria que como mínimo superará las 70.000 llegadas hasta final de año y entidades especializadas en la materia apuntan a que esa cifra podría incluso triplicarse. El Gobierno central debe asumir el fracaso de las políticas de los últimos años y frenar el descontrol migratorio.

Lo exige la más mínima humanidad. En 2023, más de 6.000 personas -casi 400 de ellas menores de edad- fallecieron tratando de llegar a España por la ruta canaria. Debemos intentar evitar, con todos los mecanismos a nuestro alcance, que sigan registrándose pérdidas humanas por este motivo; o que en España se vuelvan a repetir situaciones como las denunciadas por la Fiscalía (hacinamiento de inmigrantes, mezcla de menores y mayores de edad o vulneración de derechos humanos).

España tampoco puede permanecer impasible ante la evidencia de que nuestro país es hoy la principal vía de entrada para la inmigración irregular en Europa. La mayoría de los españoles respalda una inmigración regulada y vinculada a contratos de trabajo, pero no comparte que nuestro país se convierta en territorio privilegiado para el negocio de las mafias que trafican con personas.

La situación de los menores no acompañados no puede disociarse de la política migratoria en su conjunto, por lo que es urgente que el Gobierno vaya a la raíz de este problema y ejerza sus competencias para lograr una propuesta que aborde la inmigración irregular de forma eficaz y controlada. Limitarse a transferir la responsabilidad a las comunidades autónomas es una equivocación que sitúa a España ante el riesgo evidente de que este desafío alcance una magnitud inasumible dada la incentivación del efecto llamada.

La solidaridad de las comunidades en esta materia está fuera de toda duda. Con mayor o menor intensidad, a día de hoy acogen a 13.600 menores no acompañados. Derivado de ello, la mayoría de los gobiernos autonómicos se encuentran hoy en situación técnica de emergencia, circunstancia que el Gobierno no puede obviar a la hora de abordar este problema.

La inmigración es un problema de Estado y, por tanto, requiere una respuesta de Estado, que tenga en cuenta todas las variantes y se acometa con planificación, coordinación y recursos suficientes. Todo lo que se aparte de ello no beneficiará a nadie -tampoco a Canarias-, provocará un efecto llamada para las mafias, y en última instancia agravará la crisis todavía más.

Por todo ello, los gobiernos autonómicos abajo firmantes manifestamos LO SIGUIENTE:

1. Solicitamos la convocatoria urgente e inmediata de la Conferencia de Presidentes para ser informados de las decisiones previstas por el Gobierno central para abordar la crisis migratoria y, de forma concreta, abordar conjuntamente la situación de los menores no acompañados que puedan llegar a España, así como la de los que ya se encuentran en todas las comunidades autónomas.

2. Reclamamos la declaración de la emergencia migratoria, plenamente justificada ya por las cifras actuales y en mayor medida por las previsiones recientemente reconocidas por el Gobierno para este año.

3. Demandamos al Gobierno central que ejerza con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigración para contener sustancialmente las entradas irregulares. Es imprescindible reforzar el control de fronteras marítimas, así como establecer la obligación del pasaporte de tránsito para viajeros de países con alta incidencia de migración irregular (hasta ahora solo se ha hecho con Senegal) para evitar entradas irregulares a través de los aeropuertos españoles, como el de Barajas.

4. También consideramos necesario incrementar las inversiones en los países de origen a través de una adecuada política exterior y siguiendo el ejemplo de otras naciones que han tenido resultados exitosos. Asimismo, instamos al Gobierno central a implicar en mayor medida a la Unión Europea en la resolución de esta crisis: el Pacto Migratorio ofrece mecanismos que están siendo infrautilizados.

5. Mostramos nuestro compromiso con la agónica situación que viven las Islas Canarias y Ceuta, y pedimos al Gobierno de España que dote a sus Gobiernos autonómicos de todos los medios necesarios para que puedan responder a la situación de crisis actual y a las que pueden sucederse próximamente.

6. Nos reivindicamos como gobiernos solidarios con las comunidades que sufren en mayor medida la llegada de inmigrantes irregulares. En consecuencia, asumimos la acogida de 400 menores a través del mecanismo ordinario que desde 2022 establece cada reparto. Alertamos, sin embargo, de que esto supone sobrepasar los recursos disponibles de las comunidades e incluso en algunas ahondar en la saturación que ya registran en la actualidad. Por ello, exigimos que el Gobierno se comprometa de manera inmediata y por escrito con las demandas aquí expresadas y acordadas entre todas las comunidades autónomas firmantes.

7. La situación de saturación, con mayor o menor intensidad, es compartida por todas las comunidades, que podemos atender a los menores no acompañados hasta el límite de nuestra capacidad instalada. Si esta se excede, corresponde a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa. Sin los medios financieros y materiales para garantizar la asistencia y la seguridad necesarias, la responsabilidad se convierte en irresponsabilidad. El objetivo común de las administraciones debe ser controlar el caos, no extenderlo por todos los territorios.

8. Exigimos garantías de que todas las comunidades autónomas participen de cualquier reparto, sin excepciones ni privilegios de ninguna clase.

9. Rechazamos la imposición de cuotas de reparto impuestas de forma unilateral. Todas las comunidades deben poder decidir los criterios del mismo y, en todo caso, saber cuál será la financiación, en qué condiciones y por qué medio llegarán las personas, cuál es su edad y procedencia y durante cuánto tiempo permanecerán en el territorio; y todo ello por escrito y firmado. Debe asegurarse que no habrá reparto de menores migrantes cuya edad no haya sido determinada ni su tutela esté ya bajo Ceuta o Canarias.

10. Finalmente, el Gobierno debe habilitar un fondo de contingencia con recursos suficientes para financiar a los menores ya acogidos en las comunidades autónomas y durante todos los años que están bajo la tutela de las comunidades.