Los convenios han sido suscritos por la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública
La Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública ha firmado cuatro convenios de colaboración diferentes destinados a la atención en salud mental y a melillenses con Trastorno del Espectro Autista, así como para reducir la pobreza y fomentar la reinserción penitenciaria.
Estos acuerdos se han firmado con entidades locales e instituciones de la península y han previsto mantenerse en vigor durante todo el 2026.
Estos convenios se publicaron el pasado viernes 6 de marzo en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma (BOME) y, entre todos, suman más de un millón de euros, recogidos en subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales de la Ciudad.
El primer convenio se ha formalizado con el Hospital San Francisco de Asís S.A. para la prestación de servicios de asistencia y tratamiento a enfermos psíquicos que sean trasladados, previa autorización de la Políticas Sociales, tanto al Hospital San Francisco como a la Comunidad Terapéutica San Antonio, ambas situadas en Málaga. Para ello, establece la disponibilidad de hasta 24 plazas residenciales destinadas a pacientes de Melilla que requieran tratamiento psiquiátrico especializado.
Este acuerdo articula un marco de cooperación sanitaria y social que incluye financiación pública, plazas residenciales y mecanismos de control del servicio.
La Ciudad Autónoma destina 735.840 euros para la atención integral especializada a personas con enfermedad mental en esta institución malagueña.
Tendrán la consideración de beneficiarios del presente convenio, aquellas las personas que padezcan enfermedad psicopatológica y que requieran de internamiento que cumplan los siguientes requisitos:
La Consejería abonará a la entidad en concepto de aportación al coste diario por plaza y estancia en tratamiento psiquiátrico y psicológico, incluyendo actividades ocupacionales, psicomotricidad, y demás servicios prestados. En el caso de plazas reservadas —cuando un paciente autorizado aún no ocupa la plaza— se establece un abono del 75 % del coste diario, previa autorización de la Administración.
Por su parte, el Hospital San Francisco de Asís se compromete a prestar atención médico-psiquiátrica y psicológica al beneficiario, así como en sus aspectos básicos: Alojamiento, manutención y productos de cuidado y aseo personal y lavandería
El acuerdo tiene vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque sus efectos económicos se aplican a todo el ejercicio presupuestario de ese año.
Políticas Sociales también ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Trastorno de Espectro Autista (Autismo Melilla). Este acuerdo tiene por objeto financiar proyectos de atención integral a personas con autismo y a sus familias, así como promover un programa de hábitos de vida saludable para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La Ciudad Autónoma aporta un total de 219.592 euros. Esta cuantía incluye dos reservas presupuestarias previas emitidas por el Interventor para atender la subvención nominativa destinada al programa.
El convenio entró en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, contribuyendo a reforzar la atención a personas con TEA y sus familias mediante el apoyo a programas especializados financiados con fondos públicos de la Ciudad Autónoma.
El BOME también recoge la firma de un convenio de colaboración suscrito entre Políticas Sociales y Cáritas Diocesana de Málaga – Comisión Arciprestal de Cáritas Melilla para el desarrollo de programas de atención social dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
El primer programa, llamado “Intervención Social con Necesitados” tiene por objetivo evitar situaciones de marginación social y ha previsto atender a un máximo de 50 familias.
Entre otras cuestiones, este programa busca subvencionar gastos esenciales como el pago de alquiler, suministros básicos o asistencia social.
Mientras tanto, el segundo programa, denominado “Erradicación de la Pobreza”, busca reforzar las intervenciones con los colectivos más necesitados, a través de distintas acciones, tanto preventivas como de promoción e integración, a fin de evitar situaciones de riesgo social. Se estima un número de beneficiarios de 800 personas y 160 familias.
Entre las medidas contempladas se busca cubrir las necesidades básicas de las familias: Alimentación, ropa, calzado, pago de suministros, libros o uniformes escolares; con el fin último de conseguir que adquieran cierta autonomía económica.
La Consejería se ha comprometido a aportar un total de 190.000 euros. Esta cantidad se desglosa en dos reservas de crédito, una de 100.000 euros para "Intervención Social con Necesitados” y otra de 90.000 euros, destinada a "Erradicación de la Pobreza”.
El acuerdo tiene vigencia durante todo el año 2026 y se enmarca dentro de las políticas sociales impulsadas por la administración local para reforzar la atención a los colectivos más vulnerables.
El documento también establece mecanismos de seguimiento y control del convenio, entre ellos la obligación de justificar el destino de los fondos mediante una cuenta justificativa de gastos y documentación acreditativa de las actividades realizadas. El plazo máximo para presentar esta justificación se fija hasta el 31 de marzo de 2027, lo que permitirá verificar el uso correcto de la financiación pública.
Por otro lado, el convenio firmado con la Asociación Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla tiene por objeto financiar programas de apoyo dirigidos a reclusos, exreclusos y sus familias; especialmente a través del mantenimiento de un piso de acogida y de la realización de actividades sociales y formativas.
La Ciudad Autónoma se compromete a aportar la cifra de 25.000 euros para estas iniciativas.
El convenio establece que la financiación se utilizará principalmente para el mantenimiento del piso de acogida y el desarrollo de proyectos y actividades con personas privadas de libertad o que han salido recientemente del centro penitenciario, así como con sus familiares. Entre las actuaciones previstas se incluyen el alojamiento temporal de internos durante permisos penitenciarios, la provisión de alimentos y productos básicos, actividades formativas y talleres, apoyo social y ayudas económicas a reclusos sin recursos.
El programa tendrá vigencia anual, desarrollándose durante todo el ejercicio del 2026 y está orientado a reducir situaciones de exclusión y facilitar la reintegración en la comunidad de las personas privadas de libertad.
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