La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial de Policías y Guardias Civiles se ha concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Melilla, al unísono de lo que ha sucedido en el resto de delegaciones del Gobierno en toda España, para clamar que es “inaceptable” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “acompañe a los grupos independentistas en su intento de desmantelar el Estado y sus instituciones”.
De esta manera, han protestado contra el pacto alcanzado por el PSOE y Junts para transferir las competencias en inmigración a Cataluña y ceder el control de la frontera a los Mossos d’Esquadra.
“No es Cataluña la que se separa de España; es España la que se desmorona desde dentro”, ha alertado el máximo representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Melilla, Sergio Márquez, como encargado de leer el manifiesto.
Según los policías y guardias civiles, que han leído el mismo texto en toda España, un cuerpo policial autonómico no puede asumir funciones que, constitucionalmente, corresponden “exclusivamente” a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y las policías autonómicas y locales no pueden tener competencias en nada que afecte a la seguridad nacional.
“Esta cesión ilegal de competencias, además de ser una vergüenza, representa un peligro innecesario para España y para Europa”, ha agregado Márquez, quien ha mostrado la preocupación existente en ambos cuerpos por el hecho de que el Gobierno, con tal de mantenerse en el poder con el apoyo de los independentistas catalanes, “vulnere las leyes y ceda a chantajes políticos, ponga en riesgo la seguridad nacional y engañe a Europa sobre los peligros que amenazan nuestras fronteras y la lucha contra el crimen en todas sus formas”.
En cualquier caso, los manifestantes han adelantado que no permitirán “que se arrebate a los ciudadanos un derecho fundamental como es la seguridad” y que, si nadie para esa cesión de competencias, serán ellos, junto a partidos, instituciones y ciudadanos “que aún creen en el imperio de la ley”, quienes acaben “con esta locura”, eso sí, “siempre dentro de la legalidad”.
Márquez se ha referido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para preguntarse cómo es posible que alguien que procede de la judicatura y aseguró en el Parlamento que no habría esta cesión de funciones esté ahora “alentando esta situación”. En este sentido, ha indicado que “su actitud encubre la legalidad y humilla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
En opinión de los policías y guardias civiles -quienes han exigido que se respete la legalidad-, “no cabe tibieza cuando están en juego la integridad de las instituciones y la seguridad nacional”.
En definitiva, lo que creen es que un presidente del Gobierno que los “vende” y un ministro del Interior “que se pone de perfil” son “indignos” de sus cargos.
Márquez ha recordado en el manifiesto que la misión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como “únicas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” es garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos -a quienes se deben “exclusivamente”-, tal como establece la Constitución, y “al margen de intereses políticos y partidistas”.
De hecho, han añadido que, mientras todo esto sucede, y aunque tengan que “soportar la ofensa” de que se continúen mermando sus derechos, ellos se siguen “dejando la piel día a día por la seguridad de todos los españoles”.
“Nosotros, que como policías nacionales y guardias civiles hemos jurado, con la entrega de nuestra vida si fuera necesario, como lamentablemente en muchas ocasiones lo es, defender los derechos y las libertades y velar por la seguridad de los ciudadanos, tenemos que soportar que este Gobierno nos humille”, ha proseguido Márquez.
Por otra parte, en el manifiesto los policías nacionales y guardias civiles han criticado que el Ejecutivo central siga sin cumplir el acuerdo de equiparación salarial con las policías autonómicas y locales, así como que tengan que jubilarse “con una vergonzosa precariedad” mientras ven cómo los otros cuerpos les “adelantan en derechos, en salario, en una jubilación digna y en todo tipo de beneficios a cambio de apoyos políticos”.
Así, han reivindicado el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial y el reconocimiento de su profesión como de riesgo para permitirles “una jubilación anticipada justa y acorde con el sacrificio” que realizan.
A pesar de todos los pesares, los policías y guardias civiles han asegurado a los ciudadanos que no los dejarán solos. “Vivan donde vivan, nuestra vocación de servicio, nuestro principal objetivo y nuestra razón de ser son y van a seguir siendo los derechos y las libertades del pueblo español”, han concluido.
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