Ayer se aprobó en un pleno Ordinario de la Asamblea de Melilla varias modificaciones de la encomienda que tiene la Ciudad Autónoma con Remesa, la empresa encargada de gestionar los residuos en Melilla por encomendación y un nuevo reglamento que permitirá multar a aquellas personas que no tiren la basura a la hora indicada. Así pues, la Consejería de Medio Ambiente sancionará con entre 750 y 3.000 euros a los incívicos que no tiren la basura en el horario estipulado o lo hagan fuera de los contenedores y, además, sean productos contaminantes, en los casos más graves de arrojo de basura. En declaraciones anteriores, Mohatar, subrayó que van a ser “inflexibles” con las personas que no respetan las mínimas normas de convivencia. Aunque espera que con la campaña que se inicia estos días de concienciación no sea necesario tener que llegar a multar a los ciudadanos. Aseveró que no hay afán recaudatorio detrás de esta medida, sino contar con una ciudad limpia en la que los melillenses no tengan que caminar entre bolsas de basura que están tiradas en las aceras. La encargada de multar será la Policía Local.
Remesa
Por otro lado, se aprobó la modificación de la encomienda, que tiene la CAM con Remesa, por la que se contratará a un nuevo jefe de calidad y se le traspasará la gestión del yeso, los envases y el punto limpio. Esto supondrá la subida del coste de la tonelada de basura en 1,45 euros. También se incluyó a la gestión del centro autorizado de tratamiento de vehículos usados, que dado el aumento de la actividad, su coste pasa de 13.238,60 euros al mes a 35.780,27 euros. Manuel Ángel Quevedo, diputado y vicesecretario de Infraestructuras, Proyectos y Política Medioambiental del PP de Melilla, expuso que tras analizar los informes que les enviaron, los costes son mayores de los que se ven reflejados. Explicó que desde su partido están de acuerdo “en general” con la encomienda, pero que entrando en ciertos detalles no. Uno de estos es el hecho de que la vigilancia pasa “ de cero a cien”, pues este cree que alguno de los controladores, que hay cuatro, se podría haber colocado en el puesto de vigilante. Quevedo continuó su exposición indicando que con lo que no están realmente de acuerdo son con los anexos, pues según lo presupuestado de costes anuales, el diputado del PP explicó que para que la encomienda pudiese llevarse a cabo, se necesitarían 4,8 millones de euros. Sin embargo, en el borrador de presupuestos Quevedo declaró que faltan 270.000 euros para que pudiese llevarse a cabo tras hacer los cálculos. Hassan Mohatar, consejero de Medio Ambiente, replicó que ese asunto no era para tratar en el pleno, sino en Consejo de Administración de Remesa, del que Quevedo forma parte y acusó a Quevedo de “no estar diciendo la verdad”. Por lo tanto, para el consejero se debe debatir en dicho consejo si faltan o no trabajadores y los detalles económicos y recordó que los técnicos que han hecho los informes son los mismos que había bajo el Gobierno anterior. Quevedo volvió a argumentar las cuentas y aseguró que “han ocultado dinero” porque no se ve que hay un derecho a cobrar de la Ciudad Autónoma a Remesa. Mohatar le aseguró que ese dinero se lo iba a quedar la CAM de una forma y otra y que el asunto no se podía dejar sobre la mesa. Finalmente se acabó aprobado con los votos del PP en contra. Como detalle, todos los diputados del pleno guardaron un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género a manos de su pareja, asesinada ayer por la mañana de un disparo en la cabeza.