El pasado uno de agosto, coincidiendo con la fecha de mi cumpleaños, se cumplieron tres años desde que Marruecos culminó su escalada de acciones nada amigables contra Melilla con el bloqueo a las importaciones de mercancías a través de la aduana de BAB MELILLA (así se denomina oficialmente) sin que, hasta el momento, tras más de 1.000 días (se dice pronto) nuestro Gobierno haya planteado queja diplomática alguna. El famoso grupo de trabajo entre ambas Direcciones Generales de Aduanas ni tenía sentido –porque no había nada técnico que resolver– ni ha servido para nada más que para intentar tapar la vergüenza de haber sufrido un bofetón y bajar la cabeza por parte de nuestro Gobierno. Nunca es tarde para rectificar. El daño económico de tal decisión unilateral no es despreciable, aunque no haya supuesto más que un escaso 10 ó 15% del total de las importaciones que llegaban a Melilla y salían documentadas de exportación. El daño importante y el acoso y derribo a nuestra economía dependiente del comercio fronterizo ya se empezó a notar a mediados del 2017 cuando Marruecos empezó a dificultar -ayudado por las medidas adoptadas desde la Delegación del Gobierno- las salidas de mercancías por Barrio Chino y Farhana e, incluso, por Beni-Enzar pues recordemos que “había que reorganizar y reducir” el comercio fronterizo. Y, finalmente, la pandemia y el cierre fronterizo ha acabado con ese típico tránsito de mercancías entre dos países limítrofes. Ha llegado un poco antes de lo que era previsible pero ya no tiene marcha atrás y debemos ser realistas. Triste profecía la de aquella pancarta de “Melilla, se muere”. Los empresarios siempre hemos abogado por una frontera fluida y segura y es ahí donde debemos intentar aprovechar la declaración explícita y contundente del Parlamento Europeo que ha declarado que Ceuta y Melilla son la Frontera Sur de Europa y Marruecos debe aceptarlo, le guste más o le guste menos. El Gobierno español debe sin falta reforzar con más personal y medios materiales a las FCSE que están encargadas del control fronterizo y de reprimir los intentos de irrupción ilegal y, a la vez, demandar a la Comisión Europea que exija a Marruecos la aplicación del Tratado Euromediterráneo y anule la orden de no permitir las importaciones a través de la aduana de Melilla que es una aduana española y, por ende, comunitaria, aunque no estemos en la Unión Aduanera. Esto daría un leve respiro a los comerciantes de la frontera y los servicios anexos a dicha actividad. Si queremos que se cree una zona de prosperidad común a ambos lados de la frontera -como preconiza la UE y nuestro propio Gobierno- el primer paso lo debe dar Marruecos. Sin esa muestra de buena voluntad y de cooperación, las relaciones entre Marruecos y la UE no pueden seguir siendo como hasta ahora y España debería exigir a la UE el mismo papel decisorio frente a Marruecos que se le concedió en las negociaciones del “Brexit” en lo relativo a Gibraltar. Y, por nuestra parte, debemos exigir a nuestro Gobierno que se ponga a trabajar en ello para que cambie la actual situación de bloqueo y asfixia y acoso sobre nuestras Ciudades. Ya no es un tema bilateral, como siempre ha pretendido Marruecos, sino global y de mayor calado en sus relaciones con la Unión Europea. Toda crisis, social o económica, conlleva la oportunidad de encontrar salidas y desarrollar capacidades. Un filósofo americano dijo que “la incertidumbre es una tierra fértil para infinitas posibilidades”. Estoy de acuerdo y, por ello, como hemos hecho otras veces en las empresas familiares nos planteamos el presente y el futuro como retos apasionantes. La empresa familiar es algo más que el conjunto de trabajadores, directivos y socios. Es una organización cimentada sobre valores sólidos, comprometidos con el entorno y cercana a sus trabajadores, clientes y proveedores. Somos generadoras de valor añadido, que no solo es económico sino también social. Las empresas familiares “inventamos” y practicamos el término resiliencia (capacidad para sobreponernos a las crisis) hace ya mucho tiempo. Hoy, los políticos lo han puesto de moda. Nosotros haremos -como siempre- los esfuerzos que nos correspondan, pero esta vez necesitamos que las ayudas públicas lleguen cuanto antes, no en forma de subvenciones a las empresas en dificultades - que también- sino para que el “talón de Aquiles” de nuestra pobre economía, los transportes, se mejoren y abaraten de forma urgente. El actual contrato de transporte marítimo es claramente insuficiente y los precios de los billetes aéreos están “por las nubes” impidiendo que puedan llegar turistas o familiares y amigos a disfrutar de nuestras playas, de nuestro rico patrimonio histórico, artístico y cultural y de la tradicional hospitalidad de los melillenses. Igualmente, se deben empezar a tramitar ya las bonificaciones al transporte de mercancías -aprobadas desde los PGE de 2017- que permitan abaratar el mismo. Y esto no depende más que de la voluntad del Gobierno de España y debe ser lo primero que se incluya en ese famoso Plan Estratégico que nos anunciaron hace ya unos meses. También urge que la ministra de Turismo, Sra. Maroto, cumpla la promesa que hizo en la toma de posesión del presidente de la CAM -hace ya demasiado tiempo, por cierto- de volver “pronto” a nuestra Ciudad con un Plan de Turismo bajo el brazo. No queremos ni necesitamos más promesas ni buenas intenciones. Los debates sobre la entrada o no en la Unión Aduanera y la supresión o no de las excepciones que nos dimos al incorporarnos a Schengen, pueden esperar. Otras cosas, no. Necesitamos de forma urgente HECHOS Y NO PROMESAS. Espero que pronto podremos conocer las conclusiones del Plan Estratégico de Melilla o el anunciado por el Mº de Política Territorial y ver los proyectos concretos y las propuestas legislativas que del mismo se deriven, pero si no solucionamos a muy corto plazo la situación actual poco futuro podremos construir porque no quedará tejido productivo sobre el que asentar el mismo. Tenemos el apoyo de la Unión Europea. No dejemos pasar más tiempo sin que se traduzca en realidades concretas y lleguen los fondos a nuestra Ciudad en forma de inversiones públicas y acciones formativas eficientes que permitan acceder a nuevos oficios a nuestros jóvenes cuyo único futuro actual son los subsidios o la emigración, de simplificaciones administrativas y transparencia e igualdad de oportunidades en las licitaciones públicas que permitan acometer el cambio de estructura económica a la que estamos abocados sin remedio y sin dilación. Sin presente, no hay futuro.