Otra batalla electoral entre togas

La decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación sobre la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte del presidente Juan José Imbroda volverá a convertir a los juzgados en el escenario del debate electoral de cara a la cita del próximo mes de mayo.

Hace cuatro años, gran parte de la polémica se centró en la posibilidad o no de Ignacio Velázquez de participar en los comicios como candidato del recién constituido, en aquellos momentos, Populares en Libertad. Lo que finalmente prohibió la Justicia.
El ambiente se venía calentado desde semanas antes con el conocido como ‘Caso del Voto por Correo’, que probablemente se reactive en próximas fechas y que tiene como acusados a la mayoría de responsables de CpM y PSOE, incluidos sus máximos dirigentes. De hecho, esta situación procesal es la que ha impedido ahora al socialista Gregorio Escobar encabezar la lista de su partido y tener que ceder la candidatura socialista en favor de Gloria Rojas. En cambio, los cepemistas, libres de la obligación de seguir consignas de partido a nivel nacional, volverán a repetir casi con total seguridad con Mustafa Aberchán como candidato a presidente de Melilla. Aunque el líder de CpM jugó en el último Pleno con la posibilidad de no estar presente en la Asamblea como diputado en la próxima legislatura, su renuncia es totalmente improbable porque, por encima de todo, Aberchán es político. Además hay que tener en cuenta que su partido no deja de hacer cuentas y esta vez, según sus números, cabe la posibilidad de que su actividad en los próximos cuatro años no se limite sólo a ocupar los escaños de la oposición.
Ahora Juan José Imbroda se suma a la lista de candidatos con un pie en los juzgados, aunque en su caso esta expresión no vaya más allá de la metáfora. El Tribunal Supremo, que por su condición de aforado es el encargado de valorar la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa, aún no ha decidido si lo llamará a declarar. De hecho, el auto que se conoció ayer sólo establece, en relación a Juan José Imbroda, la apertura de un procedimiento para investigar indicios de un posible delito de prevaricación que el fiscal piensa que puede existir en relación al presidente y senador melillense. Los hechos de los que pudiera ser responsable Imbroda se limitan a la contratación de un abogado para defender los intereses de la Ciudad, una contratación llevada a cabo “sin observar ninguno de los requisitos exigidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública”, según el fiscal. Ahí queda la cosa. ¿Qué interés pudo tener Imbroda para actuar de esta manera, sin seguir el procedimiento que establece la ley? En el auto del Supremo no se hace ninguna referencia en este sentido. Por ello, la sensación en este momento del proceso es que el posible delito del que habla el fiscal se refiere más a la forma en que se llevó a cabo la contratación de abogado que al fondo del asunto, en el que no se adivina ningún beneficio o interés para el propio Imbroda. Este importante detalle es el que marca la diferencia con los casos judiciales que afectan a los máximos responsables de los principales partidos de la oposición.