Mañana, 9 de mayo y Día de Europa, se debate en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) sobre el papel que España debería tener en las negociaciones del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Por este motivo, las organizaciones de la sociedad civil han dado la voz de alerta y, según apuntan, el nuevo Pacto, que diseñará la política europea sobre migración y asilo y que aún se encuentra en estado de negociación, "puede tener graves consecuencias en materia de derechos humanos".
Estas instituciones son Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Alianza por la Solidaridad-ActionAid Spain, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CONVIVE-Fundación Cepaim, Entreculturas, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, Médicos del Mundo, Movimiento por la Paz (MPDL), Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón, Red Acoge, Salud por Derecho y Save the Children.
Las propuestas incluidas en el nuevo pacto, tal y como están actualmente configuradas, refuerzan, en opinión de estas entidades, "un sistema migratorio basado en la disuasión, el control y la devolución de las personas migrantes y refugiadas" que consiguen llegar a las fronteras europeas, "poniendo en grave riesgo su vida, seguridad y dignidad".
Al mismo tiempo, tal y como señalan los firmantes, "se hace una apuesta insuficiente por aumentar las vías legales y seguras para acceder a la protección internacional y para establecer un reparto verdaderamente equitativo que garantice una acogida digna de las personas, desde una perspectiva de infancia y de género".
Esta petición se produce a las puertas de que España asuma la próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023.
Una oportunidad, según las organizaciones firmantes, para adoptar "un papel clave y activo en las negociaciones del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo".
“España debe impulsar los acuerdos necesarios para lograr una política migratoria europea que se asiente sobre el pleno respeto de los derechos humanos y defienda los principios de solidaridad y responsabilidad compartida”, señalan.
Por ello solicitan a los grupos parlamentarios que aprueben la PNL, con el fin de instar al Gobierno español "a jugar un papel clave en las negociaciones para defender una política migratoria y de asilo europea que ponga en el centro a las personas y el respeto de los derechos humanos".
Así, estas organizaciones insisten en la importancia de: reforzar los mecanismos de solidaridad con un modelo basado en reubicaciones obligatorias desde países fronterizos europeos; frenar el avance de los procedimientos de asilo y retorno acelerados en las fronteras, garantizando un tratamiento individualizado y con plenas garantías de las solicitudes de protección internacional; oponerse a la derogación de la Directiva de Protección Temporal y rechazar el concepto de “instrumentalización” de la migración; garantizar el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la UE y cumplir con las leyes marítimas e internacionales existentes y potenciar las vías legales y seguras para migrar y acceder a la protección internacional.
