“Hemos recibido esta sentencia con preocupación porque supone un giro importante a lo que había sido la línea de protección de los derechos de las personas que accede al territorio europeo”, aseguró Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España Desde la ONG son conscientes de que esta sentencia cambia por completo el sentido de la jurisprudencia que había mantenido el tribunal europeo en materia de derechos humanos hasta el momento.
El problema es que, según explicó Álvarez, “los estados no pueden eludir las obligaciones internacionales de derechos humanos”, manifestó. Además expresó que “parece que esta sentencia biene a justificar que los estados se salten estas obligaciones trasladando la responsabilidad a ciudadanos o ciudadanas particulares”, pues que esas personas hayan accedido de manera irregular “no puede ser una excusa para que los estados obvien sus responsabilidades”. Álvarez reiteró que es bastante preocupante desde ese punto de vista.
En esta línea, explicó que los estándares internacionales “siempre dicen que no se puede penalizar la entrada irregular de personas que buscan protección internacional”.
Sobre esto, Álvarez aclaró que desde Amnistía Internacional no están en contra de que se regulen la inmigración, “lo que no pueden hacer es saltarse las garantía de dicho proceso en esa labor”.
Por otro lado, recordó que tal y como se ha recogido en informes del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, organismo del que depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “no es verdad que los migrantes puedan acceder por vías legales y seguras”. Por ello, Álvarez aseguró que “no se parte de una premisa que es real” y que “ojalá pudieran acceder por esas vías legales”.
Además, según Álvarez, este hecho es algo que ha sido constatado por el Defensor del Pueblo como por diversos organismos internacionales que se lo han hecho saber al Tribunal.
“Otra cosa es que haya legislación que diga que existen esos mecanismos y otra es que las autoridades estén poniendo todos los medios para esos mecanismos sean realmente accesibles. Eso es lo que falla”, declaró Álvarez, quien cree que habrá que preguntar sobre el por qué del número inexistente de subsaharianos que piden asilo en Beni Enzar y “no creo que sea porque prefieran jugarse la vida saltando la valla”, expresó.
Álvarez también hizo mención a los controles de policía marroquí, asegurando que no trataban a los inmigrantes “con demasiada amabilidad”.
“Es curiosa una reflexión, yo muchas veces me pregunto qué interés puede tener Marruecos de que estas personas no se puedan acercar a la frontera española”, contó y cree que a cambio de que no lo consigan, a cambio hay otro tipo de acuerdos o compromisos por parte de España hacia Marruecos, porque según relató, ella entiende que los estados protejan sus fronteras y controlen las personas que entran en su territorio, pero no comprenden que lo hagan para entrar a otro país. “No sé si Marruecos tiene tanto celo en proteger fronteras con otros países que no sea España”, por lo que “ahí está también una política poco transparente” por parte de España con respecto a los acuerdos de control migratorio que tiene con Marruecos.
Álvarez explicó que Amnistía Internacional ha intentado tener acceso a ellos sin éxito ninguno ni ningún tipo de otra información, en especial sobre las garantías. Sobre esto, Amnistía querría saber cuáles son las condiciones en las que los migrantes son devueltos a Marruecos y si son las que establece el Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea, que garantiza la seguridad de estos.
“Al final, la sentencia parte de premisas que no son reales”, aseguró Álvarez, pues argumentó que la ley diga que exista la posibilidad de acudir a la embajada para pedir asilo y otra es que eso suceda o que haya una voluntad política para posibilitar que las personas accedan por vías irregulares. “Es una gran hipocresía”, aseguró y puso el ejemplo de muchos sirios, que según resaltó, no accedían a la oficina de asilo porque fueran sirios, sino porque se hacían pasar por personas de nacionalidad marroquí y desvelando su nacionalidad una vez que estaban en España.
“No hay ningún interés por parte del Estado en cumplir sus obligaciones internacionales”, aseguró Álvarez, quien piensa que este cambio de criterio del TEDH va en concordancia con la “fortaleza Europa” y piensa que la UE está renunciando a sus propios principios fundacionales, a defender a los derechos humanos. “El criterio están dentro de una tendencia preocupante en la que se está renunciando al discurso de defensa de los derechos humanos”, contó. Álvarez contó que solo queda que España cumpla con el cambio de ley que prometió para establecer un procedimiento, porque “nadie discute que España controle sus fronteras, pero no puede ser a costa de todo, de no respetar sus obligaciones” Estado.
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