No es un premio

Coalición por Melilla convocó ayer a la prensa para reivindicar (una vez más) la necesidad de que los Planes de Empleo admitan a los parados sin titulación.

Aunque se ha debatido bastante sobre este tema, lo cierto es que sigue preocupando. De hecho, en una de las rondas de visita que El Faro está haciendo a los barrios de la periferia de la ciudad, un vecino comentó a este periódico la precariedad de su situación y la imposibilidad de reengancharse al mercado laboral por falta de titulación. El buen hombre se preguntaba incrédulo, qué título le hacía falta para barrer una calle. Todos estamos siendo testigos de la exigencia de la empresa privada española a la hora de contratar a un profesional. Desde que empezó la crisis, hasta la pyme más humilde de este país busca licenciados universitarios con inglés, a ser posible bilingües. ¿Para qué? Probablemente pensando en salir al mercado internacional por la ventana de Internet. Aunque lo mismo lo piden para jactarse de tener en plantilla a un universitario mal pagado que habla tres idiomas y ha hecho un máster. El caso es que Melilla sabe que su talón de Aquiles, como el de muchas comunidades autónomas, es la baja cualificación de los desempleados de larga duración. Es la herencia que nos dejó el ‘boom inmobiliario’ de la península tras desvalijar las aulas de nuestro país y convertir a los alumnos de instituto en peones de la construcción a cambio de cheques mensuales de 3.000 euros. Hasta hace unos años funcionaba eso de que el que no estudia, limpia lo que ensucia el que llega hasta el final. Pero resulta que en Melilla le estamos negando incluso esa posibilidad a los desempleados menos cualificados. Evidentemente, no se trata de dejar fuera de los Planes de Empleo a los profesionales que sí se han formado y han visto sus carreras truncadas por la crisis. Se trata de flexibilizar las normas y dar una oportunidad a los parados que llevan más tiempo en las listas del Servicio de Empleo. En esto, como en todo, hay que ser muy cuidadosos. No podemos acostumbrar a nadie a trabajar sólo para los Planes de Empleo y a cobrar el paro cíclicamente. La gente, normalmente, prefiere trabajar y vivir holgadamente a tener que sobrevivir con las migajas de la caridad de las instituciones y las ONGs. Es de sentido común adaptar las normas que rigen los Planes de Empleo a las necesidades de la ciudad. El Gobierno se ha comprometido a hacerlo. Pero sería bueno entender que se hace porque este país está viviendo una situación de emergencia. En ningún caso porque queremos premiar a trabajadores que en su día le pegaron una patada a los libros.