Ninguna mujer puede abortar en Melilla porque el 100% de los médicos son objetores de conciencia

En Melilla, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se enfrenta a un gran obstáculo. El 100% de los médicos registrados en la ciudad se han declarado objetores de conciencia, lo que impide que los procedimientos se realicen en la ciudad autónoma.

Isabel Muñoz, directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha recordado que la IVE es un derecho regulado por ley y garantizado por la sanidad pública. “Las mujeres que solicitan este servicio pueden acceder a él de manera gratuita”, aseguró. Sin embargo, ha advertido que es necesario equilibrar este derecho con el derecho de los profesionales a ejercer la objeción de conciencia, lo que complica la prestación del servicio en Melilla.

Por esta razón, todas las mujeres que desean interrumpir su embarazo son derivadas a centros del Ingesa en Andalucía, donde se cubren todos los gastos asociados al procedimiento, desde la atención médica hasta los desplazamientos necesarios.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en 2023 128 mujeres de Melilla llevaron a cabo una interrupción voluntaria del embarazo, todas en centros privados. Tres en hospitales y 125 en centros extrahospitalarios. En Ceuta, también gestionada por Ingesa, hubo 15 abortos, todos en centros extrahospitalarios privados. Ambos territorios presentan la menor tasa nacional de interrupciones voluntarias del embarazo, con 4,08 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, apenas un tercio de la media nacional de 12,22.

El gerente del Área de Salud de Melilla, Alberto Romero, ha indicado que se estudian modelos de otras comunidades autónomas, como Cataluña y Cantabria, con el objetivo de permitir la prestación local del servicio sin vulnerar la objeción de conciencia de los profesionales.

Mientras tanto, aunque la ley reconoce el derecho al aborto y la sanidad pública cubre los gastos, ninguna mujer puede acceder al procedimiento en Melilla, lo que obliga a desplazamientos y genera debate sobre la igualdad de acceso a los servicios sanitarios.