Mohamed VI nombra un nuevo jefe de prisiones tras el ‘caso Galván’

El cargo estaba vacante  desde el 5 de agosto a raíz de que quedara en libertad el pederasta español.

El rey Mohamed VI de Marruecos nombró ayer a un nuevo jefe de la Dirección General de Administración Penitenciaria (DGAP), un cargo que ha estado vacante desde el 5 de agosto pasado, cuando fue cesado el anterior por el escándalo del indulto al pederasta español Daniel Galván.
El nuevo delegado general de la DGAP será el saharaui Mohamed Salah Tamek, antiguo preso político pro independentista, convertido luego a la causa del “Sáhara marroquí” y nombrado a la cabeza de varios gobiernos locales en ciudades saharauis.
El nombramiento se produjo en un Consejo de Ministros celebrado en la ciudad de Marrakech junto al de otros altos cargos, entre ellos varios gobernadores provinciales, incluidos “varios jóvenes y mujeres”, según el comunicado emitido por la Casa Real.
El cargo de delegado general de prisiones estaba vacante desde el 5 de agosto, tras el cese de Hafez Benhachem por “negligencia” en los “errores” que llevaron al indulto y excarcelación de Daniel Galván, un indulto que fue posteriormente revocado y que llevó a la detención del pederasta cuando ya se encontraba en España.
De hecho, Benhachem fue la única víctima política del “caso Galván”, uno de los más sonados en los últimos años en Marruecos y que hizo temblar los cimientos mismos de la monarquía alauí, al tratarse de una decisión real (la del indulto) que tuvo que ser rectificada y anulada debido a la indignación popular.
Hay que recordar que el mismo 5 de agosto, el rey Mohamed VI decidió retirar “la gracia concedida previamente a Daniel Galván Fina”, citando una decisión de “carácter excepcional”. “La retirada se decide en consideración de los fallos del procedimiento, de la gravedad de los crímenes cometidos y por respeto a los derechos de las víctimas”, explica el comunicado de la Casa Real.
El nuevo delegado de prisiones tendrá que gestionar un sistema penitenciario que alberga a unas 73.000 personas (cifra de octubre de 2013), de los que casi la mitad son presos en situación preventiva.
El anterior director fue frecuentemente criticado por las deficientes condiciones carcelarias, pero no dudó en enzarzarse en polémicas públicas en las que aseguraba que los malos tratos y las torturas en prisión estaban erradicados o severamente castigados con el cese fulminante de sus autores.