Militares de plantean acciones legales si hay discriminación

Tanto en las prestaciones sanitarias que reciben como en el reconocimiento como profesión de riesgo

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha anunciado que estudia emprender acciones legales para garantizar la igualdad de trato entre los miembros de las Fuerzas Armadas, tras denunciar posibles situaciones de discriminación tanto en el ámbito sanitario como en el reconocimiento de la profesión militar como actividad de riesgo. La advertencia se produjo tras el último pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), celebrado el 6 de abril .

La asociación calificó la reunión de “desilusionante” e “incompleta”, subrayando la falta de avances en cuestiones que considera esenciales para el personal de tropa y marinería. Durante la sesión, en la que se abordaron diferentes medidas de carácter social y retributivo, la UMT fijó lo que define como sus “líneas rojas”, centradas especialmente en la igualdad de derechos y condiciones dentro del colectivo militar.

Uno de los principales focos de crítica se sitúa en el anuncio del inicio de los trámites para declarar la profesión militar como de riesgo. La organización exige que esta medida tenga carácter universal y advierte de que no aceptará la exclusión del personal adscrito al régimen de Clases Pasivas. Según expone, la condición de riesgo forma parte del ejercicio profesional desde el momento del ingreso, por lo que considera que el sistema de cotización no debería influir en el acceso a derechos asociados, como una jubilación en condiciones equiparables.

En materia sanitaria, la UMT denuncia la ausencia de avances en prevención oncológica y cuestiona la actual situación del sistema. La asociación considera “inadmisible” que el acceso a programas de cribado de cáncer dependa del lugar de residencia de los mutualistas de ISFAS. Este punto ha generado especial preocupación en el colectivo, hasta el punto de que los servicios jurídicos de la organización ya analizan la viabilidad de iniciar acciones legales que permitan garantizar una atención sanitaria homogénea.

El malestar también se extiende al ámbito retributivo. La reciente actualización del Componente Singular del Complemento Específico (CSCE), con incrementos que oscilan entre los 10 y 40 euros brutos según el nivel, es considerada por la UMT como un “parche” que llega con cuatro años de retraso. A juicio de la asociación, esta medida resulta insuficiente y no corrige la diferencia salarial existente con otros cuerpos de seguridad del Estado.

Pese al tono crítico, la organización reconoce algunos avances puntuales, como mejoras en la compatibilidad de la Formación Profesional Dual y progresos en negociaciones para la reserva de plazas en entidades como AENA y Protección Civil. No obstante, estos avances no compensan, según trasladan, las carencias detectadas en aspectos clave que afectan directamente a los derechos y condiciones del personal militar.

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