Miembros de ATME se reunieron en el PP con dirigentes del partido, entre ellos el senador por Melilla
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha advertido del riesgo de que una parte significativa de los militares quede excluida si la futura declaración de la profesión militar como profesión de riesgo se limita únicamente a quienes cotizan en la Seguridad Social. La advertencia se produjo tras la reunión mantenida el pasado 27 de marzo con representantes del Partido Popular, entre ellos la vicesecretaria general de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y el senador Díaz de Otazu.
Durante el encuentro, la asociación trasladó su preocupación ante el anuncio del Ministerio de Defensa de iniciar los trámites para reconocer esta condición. Según expuso ATME, si la medida no incluye a los militares adscritos al régimen de Clases Pasivas, vigente para quienes ingresaron antes de 2011, se generaría una división dentro de las Fuerzas Armadas.
La organización considera que esta situación supondría legislar de forma parcial y dejar fuera a un número elevado de efectivos, que no podrían beneficiarse de las ventajas asociadas a la declaración de profesión de riesgo. En este sentido, reclamó que el proceso se aborde de manera inclusiva y con la participación directa de las asociaciones profesionales.
Para ello, ATME solicitó al Partido Popular que impulse la creación de una comisión de trabajo temporal en el seno del Ministerio de Defensa, en la que estén representadas estas asociaciones. El objetivo, según indicó, es evitar que se adopten decisiones relevantes sin contar con quienes representan al colectivo militar.
La petición también ha sido trasladada al resto de asociaciones profesionales, con la intención de promover una actuación conjunta en defensa de los derechos de todos los militares.
Más allá de esta cuestión, ATME aprovechó la reunión para exponer otras demandas relacionadas con la situación de la tropa y marinería. Entre ellas, destacó la necesidad de mejorar el modelo de carrera militar, las retribuciones, las condiciones de las instalaciones y las medidas de conciliación familiar.
Asimismo, expresó su preocupación por la situación de los reservistas de especial disponibilidad y por la pérdida de efectivos a los 45 años debido al carácter temporal de muchos contratos. También mostró su desacuerdo con propuestas debatidas en el Congreso que, a su juicio, no abordan las carencias reales de personal en las Fuerzas Armadas.
En el ámbito autonómico, la asociación señaló que varias comunidades gobernadas por el Partido Popular aún no han adaptado sus normativas para facilitar la incorporación de militares temporales a las policías locales.
Por su parte, el Partido Popular trasladó su disposición a continuar abordando estas cuestiones en futuras reuniones, en un contexto marcado por el debate sobre las reformas estructurales necesarias en el ámbito de la Defensa.
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