La migración en Melilla: los resquicios de una nueva política a nivel europeo

Desde diciembre de 2019, las entradas a Melilla registradas han descendido un 100% y por vía marítima alrededor de un 70%, según los balances de entradas irregulares que publica cada quincena en Ministerio del Interior.

La presión migratoria que vivió Melilla años atrás queda lejos y ahora el foco está sobre las islas Canarias. Lejos de haber conseguido la clave para gestionar los flujos migratorios, las asociaciones y ONG del área de los derechos humanos critica que la política comunitaria esté orientada al reforzamiento de las fronteras y no en invertir para una mejor acogida de las personas que llegan por vías irregulares.

En su último informe la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía comienza relatando que el incremento de la llegada de pateras a nuestras costas durante el año 2020 pone de nuevo en cuestión unas políticas migratorias basadas en la represión y violación de los derechos humanos. Apuntan que según las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, durante el año 2020 fueron 41.861 las personas que lograron traspasar la Frontera Sur española, lo que supone un incremento del 29% con respecto al año 2019. “No debe dejar de resaltarse que en todo caso esa cifra sólo supone un 4,3 % del total de entrada de migrantes en España”, subrayaron.

Exponen que en cualquier caso, el incremento en la Frontera Sur pone de relieve la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de migrantes. Y en general de las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en la Frontera Sur. Las últimas cifras publicadas por Frontex demuestran que de nuevo España es principal puerta de entrada por la Frontera Sur a la Unión Europea, aseguran.

Ceuta y Melilla

En dicho informe, la APDHA explicó que los aludidos planes del Gobierno para reducir la llegada de migrantes por la Frontera Sur se basaban en lograr conseguir una mayor implicación de Marruecos en el control de las migraciones por su territorio, tanto en las fronteras de Ceuta y Melilla como en su zona marítima. Ello iba a ser complementado con la dotación de las infraestructuras y medios necesarios para hacer más efectivos los procedimientos de detención, identificación y expulsión en las costas andaluzas, así como limitar todo lo posible las actuaciones de Salvamento Marítimo. No es la primera vez que señalan que los derechos humanos quedaban fuera de foco, totalmente ausentes en esos planes. Expusieron que si en un primer momento “la inhumana aplicación de los mismos por España y Marruecos parecía haber demostrado su eficacia”, esta ha demostrado su “fragilidad” ya que “ la voluntad de los seres humanos de encontrar un futuro más digno difícilmente se puede contener a medio plazo a través de medidas coercitivas”.

Y esto es plausible con la situación que se sigue dando en los bosques de Nador. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha denunciado que los subsaharianos que viven en campamentos en los bosques sufren cada vez ataques de una mayor violencia, haciendo que un joven cayese por un barranco huyendo de las autoridades marroquíes. Critican que Marruecos esté haciendo de gendarme para España.