El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dio el campanazo en su red social X: el Gobierno devuelve a Ceuta y Melilla su antiguo régimen de bonificación de la Seguridad Social, consistente en el 50% de la cuota patronal. La noticia era del todo inesperada. De hecho, la propia delegada, Sabrina Moh, hace unos días, en una entrevista radiofónica, dijo que ese asunto tendría una solución "en cuanto se pueda", lo cual implica que o bien en ese momento ella no sabía que el tema estaba listo para llevarlo al Consejo de Ministros de ayer o que prefirió callar y dejar todo el protagonismo al compañero Torres. Todo lo que rodea a esto de la vuelta al anterior sistema es realmente curioso. Primero, se niegan en rotundo a paralizar el Real Decreto que derogaba la norma, en vigor desde hacía casi 20 años. Luego retocan algo y dicen que solo se aplicará a los nuevos contratos a partir del 1 de septiembre de 2023. Más adelante, desde el PSOE se dice que se verá a ver cómo funciona la cosa antes de nada. De sopetón, el mismo día que el PP presenta su proposición de ley en el Senado, se filtra convenientemente a la prensa que el Gobierno está dispuesto a dar marcha atrás y enseguida sale la Delegación a confirmar y a decir que se está en ello pero que no sabe cuándo ocurrirá. Más recientemente, viene la ministra de Seguridad Social y dice que de cambiar nada, que apoya la medida porque refuerza los contratos indefinidos y que los empresarios tributen. Al día siguiente, la Delegación del Gobierno sale a decir que ese Ministerio no era el competente en la materia, que se trata de la cartera que encabeza Yolanda Díaz (Sumar) la que tiene que actuar. Ayer supimos, sin embargo, que quien hace la propuesta es Política Territorial (PSOE). Es más, Torres afirma que la resolución es fruto de su viaje hace unos días a Ceuta, donde se le pidió ese cambio y él consideró que resultaba conveniente hacerlo. En fin, incongruencias una tras otra en el camino de una normativa que nunca tuvo que adoptarse. Ya se dijo desde enero de 2023 que ese Real Decreto iba a perjudicar muy gravemente la economía de Melilla pero no se quiso hacer caso; al contrario, se apostó fuerte por sacar adelante la idea del Gobierno, que era aplaudida y apoyada entusiásticamente tanto por al delegada como por el PSOE. Lo importante es que ayer se aprobó la vuelta al sistema de siempre, que nunca se debió tocar. Sin embargo, la alegría en principio no puede ser completa por dos motivos: uno, que la vigencia está ligada a la del Plan Socioeconómico que concluye en 2026; dos, que no acogerá contratos temporales, a pesar de que la economía melillense tenga mucho de estacionalidad. Parece que este Gobierno de España no es capaz de ver que Melilla necesita un tratamiento muy especial en sus cuestiones económicas y fiscales. Los recursos aquí son muy limitados y la ciudad trata de sacar la cabeza buscando un modelo productivo que le permita sobrevivir al agotamiento del sector comercio, en gran parte motivado por la decisión de Marruecos de mantener su bota sobre la cabeza de los melillenses. Como muy bien decía el presidente de Somos Melilla, Amín Azmani, el régimen fiscal y económico solo debe tocarse para seguir mejorándolo, ampliándolo, dando a la ciudad toda clase de ventajas que atraigan inversión. Además, tampoco conocemos aún la letra pequeña de ese Real Decreto, como decía, por su parte, el presidente de la patronal, Enrique Alcoba. Muy prudentemente, prefirió dejar valoraciones de los empresarios hasta que no se conozca pormenorizadamente lo que dice la norma aprobada por el Consejo de Ministros.