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Los consejeros Randa Mohamed y Miguel Ángel Fernández Bonnemaison
La Ciudad Autónoma ha presentado las principales modificaciones incluidas en el programa Melilla Social, un plan integral puesto en marcha el año pasado que reúne distintas líneas de apoyo a las familias en ámbitos como la atención social, la salud y la educación.
En rueda de prensa, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha explicado las modificaciones introducidas desde ayer jueves 5 de noviembre en el Reglamento de Ayudas Sociales, así como las convocatorias que continúan abiertas y otras prestaciones previstas. Por su parte, el consejero de Educación, Juventud y Deportes, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, ha repasado los programas de su área destinados a aliviar los gastos que afrontan las familias durante el curso escolar.
"Todos sabemos lo que cuesta a día de hoy llenar la nevera, ha subido un 25 % en los últimos años. Ante esto no podíamos mantener unas ayudas congeladas en el tiempo, porque era algo irreal. Por ello, se han cambiado las normas del juego, para enfocarlo no solamente a las familias vulnerables, sino también a las familias trabajadoras, porque todos sabemos que hay familias trabajadoras que no les llega el sueldo más hasta final de mes".
Uno de los principales cambios del nuevo reglamento es el aumento de la cuantía máxima de las ayudas sociales, que pasa de 1.000 a 5.000 euros. También se reduce de cinco a tres años el requisito de empadronamiento y se establece que quienes se trasladen fuera de Melilla y regresen antes de 12 meses puedan mantener el acceso a estas prestaciones sociales. Además, las ayudas finalistas que las familias hayan justificado durante el mismo año, como las destinadas a libros o terapias infantiles, dejarán de computar como ingresos.
La modificación amplía también los límites económicos para acceder a las prestaciones. Como ejemplo, Mohamed ha señalado que una familia de cinco miembros podrá solicitar ayudas aunque sus ingresos superen el 140 % del salario mínimo interprofesional, hasta alcanzar los 1.709 euros. A esta cantidad se podrán descontar hasta 550 euros mensuales correspondientes al alquiler o la hipoteca, frente a los 375 euros que se contemplaban anteriormente.
"¿Qué quiere decir esto? Que si esta misma familia no puede superar los 1.709 euros y encima no le computamos los 550 de concepto de alquiler o de hipoteca, esta familia puede llegar a recibir realmente 2.259 euros y seguir teniendo la posibilidad de pedir ayudas sociales. Incluso con este nuevo reglamento, una familia podría recibir en concepto de ayuda hasta un mes entero el salario mínimo interprofesional".
El reglamento actualiza asimismo las cuantías de distintas prestaciones. Las ayudas para mobiliario y pequeños cambios en el hogar pasan de una horquilla de entre 400 y 600 euros a un máximo de 3.000 euros. En el caso de las familias numerosas, la prestación para alimentación, ropa e higiene aumenta de 350 a 700 euros. Por su parte, el Ingreso Melillense de Integración (IMI) para familias de cinco o más miembros se eleva de 656 a 1.221 euros.
También se amplía la cobertura en situaciones de emergencia habitacional. La ayuda para alojamiento alternativo pasa de 15 a 30 días, con posibilidad de prorrogarse otros 30 y un máximo de tres meses en los casos más extremos, que serán valorados por los servicios sociales. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, se introduce un sistema de tramos para evitar que superar ligeramente el límite económico establecido suponga perder por completo la prestación.
Las medidas incluyen igualmente cambios dirigidos a la infancia y a las personas dependientes. Se elimina el requisito de antigüedad en el padrón para acceder a las ayudas de bebé y alimentación infantil, que además serán compatibles con otras prestaciones. El periodo para solicitar pañales y toallitas se amplía de tres a seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis.
Para las personas con discapacidad intelectual que necesiten acudir a un centro de día, la subvención podrá alcanzar los 150 euros diarios, mientras que la ayuda mensual para personas con trastorno mental que requieran una plaza residencial aumenta de 3.000 a 4.500 euros.
Melilla Social contempla también prestaciones para facilitar el acceso a tratamientos médicos en la península. La nueva regulación establece una ayuda de 100 euros diarios para los traslados, compatible con los 30 euros que aporta el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). La cuantía podrá alcanzar los 500 euros por viaje y los 1.500 euros anuales, con porcentajes de cobertura que variarán en función de los ingresos de cada solicitante.
"Si se trasladan a Málaga y Almería, son 300 euros, 400 para Sevilla y el resto de Andalucía y 500 euros para el resto de España. Si una persona cobra hasta una vez y media el salario mínimo, tiene derecho al 100 % del viaje pagado. Y de ahí va bajando hasta el 15 % y el 50 %, de manera que vamos a hacer el pago justo".
Randa Mohamed ha recordado que siguen disponibles varias convocatorias sanitarias. Entre ellas figura una partida de 100.000 euros para tratamientos bucodentales, que hasta el momento ha sido solicitada por 20 familias y otra de 150.000 euros para reproducción asistida, a la que ya se han acogido cerca de 10 familias.
"Animo a la población que lo solicite antes que acabe el año".
También se han destinado 300.000 euros a ayudas para personas con enfermedades neurológicas y sus familias. La consejera ha anunciado que la normativa de esta convocatoria se ha modificado para facilitar el acceso: se elimina la exigencia de presentar el certificado de discapacidad, se suprimen los límites de renta y se establece un sistema de tramos. Además, las ayudas podrán compatibilizarse con otras prestaciones.
Por su parte, el consejero de Educación ha repasado las iniciativas que desarrolla su área para reducir los gastos escolares de las familias melillenses, especialmente tras el comienzo del curso. Entre ellas se encuentra el programa de reposición de libros de texto para los centros de Educación Primaria, que cuenta con una inversión aproximada de 620.000 euros y alcanza a unos 6.000 escolares.
A esta medida se suma el programa de uniformes escolares, implantado durante la presente legislatura y dirigido a las familias con mayores necesidades económicas. En la última convocatoria se han destinado 282.000 euros, con los que se ha llegado a 2.815 alumnos.
El área de Educación mantiene asimismo una línea de ayudas para material escolar en los centros públicos y concertados de Primaria. Esta iniciativa cuenta con una dotación de 245.000 euros y beneficia a alrededor de 2.200 familias.
El consejero ha recordado también la gratuidad de la educación de cero a tres años, implantada por segundo curso consecutivo tanto en las escuelas infantiles públicas como en los centros concertados con la Ciudad Autónoma. Este servicio alcanza a 555 niños en las escuelas públicas, 340 en las concertadas y alrededor de 150 menores que utilizan los recursos de conciliación habilitados para quienes se encuentran en lista de espera.
Ambos responsables han insistido en la importancia de conocer estas medidas para que las familias puedan solicitar las prestaciones disponibles y solicitarlas.
Por último, Randa Mohamed ha señalado que el anterior reglamento establecía requisitos que limitaban el acceso a las ayudas y ha confiado en que los cambios permitan llegar al mayor número de beneficiarios posible.
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