Melilla recibirá 2 millones de Derechos Sociales para programas de asistencia social

Va destinada a reforzar los programas de asistencia social que desarrollan entidades del Tercer Sector en la ciudad

El Ministerio de Derechos Sociales ha aprobado la concesión de una ayuda directa de 2 millones de euros a Melilla destinada a reforzar los programas de asistencia social que desarrollan entidades del Tercer Sector en la ciudad. Esta aportación forma parte de una inversión global de 50 millones de euros que el Gobierno de España distribuirá entre comunidades y ciudades autónomas con el objetivo de fortalecer la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La medida fue anunciada este lunes por el departamento que dirige Pablo Bustinduy y se enmarca en la política del Ejecutivo para consolidar una red de protección social más sólida, eficiente y próxima a las personas. Según informó el Ministerio, las ayudas se dirigen a apoyar proyectos de intervención social centrados en colectivos con especiales necesidades de atención, como personas mayores, personas con discapacidad, menores en situación de riesgo, familias en exclusión social o víctimas de violencia de género.

Desde el Ministerio destacan que esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de garantizar que "nadie quede atrás" y que los servicios sociales lleguen de forma efectiva a todo el territorio, especialmente a zonas como Melilla, que requieren un refuerzo adicional en sus políticas de bienestar. El reparto de los fondos ha tenido en cuenta diversos indicadores sociales y económicos, como el índice de pobreza, la tasa de desempleo o el grado de implantación del Tercer Sector en cada territorio.

En el caso de Melilla, los 2 millones de euros permitirán dar continuidad y ampliar las acciones que ya desarrollan entidades sociales de reconocido trabajo en la ciudad. Estas organizaciones, muchas de ellas con décadas de experiencia, juegan un papel esencial en la atención directa a personas vulnerables, y complementan el trabajo que realizan las administraciones públicas.

El anuncio de esta partida presupuestaria se suma a otras medidas impulsadas recientemente por el Gobierno central. El pasado mes de julio, el Ministerio ya destinó más de 241.000 euros a la ciudad autónoma para apoyar el sistema de atención a la dependencia, en el marco del Plan de Choque por los Cuidados. Esa ayuda tenía como finalidad aliviar la carga de trabajo de los servicios públicos y garantizar una atención digna y continuada a las personas en situación de dependencia.

Con esta nueva inversión, el Gobierno refuerza su estrategia de colaboración con las entidades del Tercer Sector, consideradas por el propio Ministerio como actores clave para llegar allí donde la administración pública no siempre puede hacerlo con eficacia o inmediatez. Según subrayan desde el departamento ministerial, “se trata de construir un modelo de atención social que ponga a las personas en el centro y garantice sus derechos”.

En términos prácticos, los fondos podrán ser destinados a financiar recursos humanos, equipamiento, actividades comunitarias, campañas de prevención, refuerzo de estructuras de atención domiciliaria, programas de inserción sociolaboral o cualquier otra actuación orientada a mitigar situaciones de vulnerabilidad.

Diversas plataformas del ámbito social han valorado positivamente esta medida, al considerarla un respaldo necesario a la labor que desarrollan a diario cientos de profesionales y voluntarios en todo el país. También han puesto el acento en la importancia de que estas ayudas lleguen de manera ágil y con una tramitación simplificada, para garantizar su eficacia en el terreno.

El paquete de ayudas, ya aprobado, se implementará en las próximas semanas, en coordinación con los gobiernos autonómicos y locales. En el caso de Melilla, se espera que la Delegación del Gobierno y la Consejería de Servicios Sociales trabajen conjuntamente con las entidades para definir los proyectos concretos que se beneficiarán de esta asignación.

Con esta acción, el Ejecutivo reafirma su apuesta por una política social inclusiva, basada en la colaboración interinstitucional y la participación activa del tejido asociativo.

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