Melilla lleva a los tribunales al Gobierno por la desaladora

El Gobierno de Melilla presentará esta semana las acciones judiciales anunciadas contra el Ejecutivo central por el estado de la planta desaladora de la ciudad, de la que depende buena parte del suministro de agua. Así lo ha confirmado el vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, quien señaló que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tampoco ha respondido a los requerimientos de la Ciudad Autónoma para que asuma su responsabilidad.

La demanda, avanzada a mediados de junio por el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, se dirigirá contra la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín Valcárcel, y la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh.

"Les importa un bledo la ciudad y los que vivimos aquí desde que llegaron al Gobierno hace ocho años", ha lamentado Ventura, quien ha insistido en que la desaladora es una "competencia pura" del Ejecutivo central por tratarse de una instalación crítica, aunque sea la Ciudad Autónoma la encargada de su explotación y mantenimiento tras la cesión.

El consejero ha asegurado que la Ciudad Autónoma ha invertido ya 5 millones de euros en la planta desde el año 2024, donde se realizan reparaciones en las estructuras eléctricas de alta tensión. Estos trabajos obligarán a nuevas paradas planificadas con cortes de suministro. Según Ventura, el retraso no responde a falta de presupuesto, sino a la capacidad limitada de las empresas para fabricar las piezas necesarias.

El conflicto se remonta al 11 de marzo de 2025, cuando Imbroda remitió un escrito a la ministra denunciando el estado de las instalaciones tras la construcción de un cuarto grupo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el acta de entrega, firmada por técnicos de ambas administraciones, quedaron reflejadas anomalías que, más de un año después, siguen sin resolverse.

Ventura ha denunciado también el abandono del Gobierno central en el mantenimiento de las playas por la falta de reposición de arena. Además, le ha acusado de poner "palos en las ruedas" al impedir a la Ciudad actuar en la playa de Aguadú para labores de limpieza y socorrismo, al ser zona de Defensa.