Melilla, la ciudad donde menos mutualistas de Muface optan por la sanidad pública

Melilla es, a día de hoy, el territorio de España con menor porcentaje de mutualistas de Muface integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS), según un reciente informe del Ministerio de Sanidad que analiza la posible transición de este colectivo al sistema público ante la falta de renovación de los conciertos con aseguradoras privadas.

Con fecha de 31 de octubre de 2024, el informe recoge que en Melilla apenas el 5,13% de los mutualistas ha optado por recibir atención sanitaria a través del SNS, frente al 32,7% de media nacional. Esto sitúa a la ciudad autónoma como el territorio con mayor dependencia del modelo privado de atención médica dentro del colectivo de funcionarios civiles del Estado.

El documento elaborado por el Ministerio de Sanidad advierte además del impacto que tendría una hipotética incorporación total de estos mutualistas a la sanidad pública, tras los problemas que se produjeron al tener que renovar el concierto con las aseguradoras privadas. Ninguna de estas entidades mostró interés en aceptar las condiciones ofertadas para los próximos dos años, si bien finalmente optaron por firmar el contrato. No obstante, la situación vivida de incertidumbre durante meses abrió la puerta a un posible proceso de integración paulatina de los mutualistas en el SNS.

Muface cuenta actualmente con alrededor de 1,5 millones de mutualistas en todo el país. De ellos, poco más de un millón (1.007.322) siguen recibiendo asistencia médica por parte de aseguradoras privadas, mientras que cerca de 488.000 ya han optado por el sistema público. Esta cifra representa un notable crecimiento desde 2012, cuando sólo 277.500 personas elegían ser atendidas por el SNS.

En cuanto al perfil de estos mutualistas, el 65% son docentes de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria, y un 17% pertenece a cuerpos de la Administración General del Estado. Su distribución territorial responde, por tanto, a la presencia de este tipo de profesionales en cada comunidad autónoma.

La edad media del colectivo ha aumentado 3,7 años en la última década, lo que se traduce en una población más envejecida que la media nacional, un factor relevante a la hora de calcular los costes sanitarios futuros.

Territorios con mayor impacto

En el análisis por comunidades autónomas, Ceuta y Melilla destacan como los dos territorios donde el posible traslado de los mutualistas al sistema público tendría un mayor impacto. En Ceuta, el 5,27% de la población cubierta actualmente por el SNS se vería incrementada por la incorporación de mutualistas de Muface que todavía están en el modelo privado, mientras que en Melilla este aumento sería del 5,13%.

Se trata de cifras de más del doble de la media nacional, situada en un 2,12%. Para ponerlo en contexto, en otras comunidades como el País Vasco, el impacto apenas llegaría al 0,65%.

Este peso se explica no solo por la proporción de mutualistas respecto a la población total de estas ciudades, sino también por la baja integración actual en el SNS. Mientras en territorios como Baleares o Cataluña entre el 10% y el 15% de los mutualistas ya están en el sistema público, en Melilla ese porcentaje apenas alcanza el 5%.

El informe también destaca el perfil de los mutualistas con seguro privado en Melilla. El 14,56% tiene entre 0 y 14 años, el 17,47% entre 15 y 34, el 45,70% entre 35 y 64, y el 22,28% más de 65 años. Esta distribución indica una población relativamente joven en comparación con otras regiones, lo que en principio podría facilitar una integración progresiva en el SNS con menor presión asistencial inmediata.

Aun así, el elevado porcentaje de usuarios fieles al modelo privado en Melilla plantea un desafío logístico para el sistema público local, especialmente si el proceso de transición se lleva a cabo sin una planificación cuidadosa y con garantías de continuidad asistencial.

Opciones del Gobierno

Ante la situación generada por la falta de aseguradoras interesadas en el nuevo concierto, el Gobierno llegó a plantearse dos caminos: prorrogar el actual concierto durante nueve meses o iniciar un proceso de internalización de los mutualistas dentro del sistema sanitario público. Este último incluiría un traspaso progresivo por tramos de edad o apellido, con garantías específicas para pacientes en tratamientos complejos u oncológicos.

Además, el informe prevé la transferencia de los fondos actualmente destinados al pago de pólizas privadas (más de 1.300 millones de euros anuales) a las comunidades autónomas, para su inversión directa en los sistemas públicos de salud.

Otro de los aspectos señalados en el informe oficial del Ministerio de Sanidad es el impacto sobre el copago farmacéutico. Actualmente, los mutualistas pagan un 30% del coste de los medicamentos con independencia de su situación laboral. En caso de incorporarse al sistema general, los activos pagarían algo más al año (unos 10 euros adicionales), pero los jubilados reducirían drásticamente su gasto (hasta 86 euros menos anuales).

En conjunto, el sistema dejaría de ingresar unos 9,3 millones de euros anuales por este concepto si se modificara el régimen de copago para igualarlo al del resto de ciudadanos.

La integración de los mutualistas de Muface en el Sistema Nacional de Salud parece cada vez más probable, ante las reticencias del sector privado a continuar prestando el servicio en las condiciones que pretende el Gobierno y que resultan "inaceptables" para las aseguradoras. Territorios como Melilla y Ceuta se encuentran en el foco de este proceso por ser los más afectados en términos proporcionales.

La transición, de producirse, exigirá una cuidadosa planificación para asegurar la calidad asistencial, la equidad en el acceso a los servicios públicos y una correcta redistribución de recursos económicos y humanos en el ámbito sanitario.