La Ciudad Autónoma de Melilla ha calificado como un “despropósito descomunal” la postura del Gobierno central en la modificación de la Ley de Extranjería para la redistribución de menores migrantes. El vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Miguel Marín, ha manifestado su rechazo a la medida, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de falta de planificación y equidad en la distribución de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas.
Marín ha advertido que el Gobierno “se está equivocando desde el principio” en la gestión de este problema, argumentando que no se han proporcionado los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para hacer frente a la situación. Además, ha denunciado que el reparto de los menores se ha hecho de forma arbitraria, favoreciendo a ciertos territorios mientras se deja en una situación de mayor vulnerabilidad a otros, como Melilla.
Falta de equidad
El vicepresidente melillense ha señalado directamente a Cataluña y el País Vasco como comunidades que han sido privilegiadas en la redistribución de los menores, sugiriendo que esto se debe a su peso político dentro del actual gobierno de coalición. “Es un reparto sin sentido y sin hoja de ruta. Estos señores del Gobierno actúan por impulsos”, ha criticado.
Melilla ha insistido en que el reparto de los menores extranjeros no acompañados debe hacerse con criterios de equidad, de manera que todas las comunidades autónomas asuman la responsabilidad de la acogida de estos jóvenes. Marín ha subrayado que, sin un marco de solidaridad compartida, la presión migratoria seguirá recayendo de manera desproporcionada sobre ciudades como Melilla, Ceuta y Canarias, que son las principales puertas de entrada de la inmigración irregular.
Pacto con Junts
Las declaraciones de Marín se producen en un contexto en el que el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según ha publicado El País, el pacto con el partido catalán establece criterios concretos para la redistribución, con el objetivo de aliviar la carga que soportan comunidades como Canarias, Ceuta y Melilla.
El acuerdo ha generado malestar en otras regiones y ha abierto un debate sobre las condiciones y los recursos que el Estado debe proporcionar a las autonomías para garantizar una acogida adecuada de estos menores. En este sentido, el Gobierno central ha defendido su política, argumentando que se trata de una medida necesaria para garantizar el bienestar de los menores y evitar la saturación de los centros de acogida en determinados territorios.
Otro aspecto clave de la crítica de Melilla es la falta de recursos económicos para hacer frente a la llegada de menores migrantes. Marín ha asegurado que el Ministerio de Hacienda no está cumpliendo con su compromiso de financiar la acogida de los menores. “Al final, todo es literatura. Cuando uno llega a la práctica, se da cuenta de que no hay nada”, ha afirmado.
El Gobierno central ha defendido su postura señalando que el sistema de acogida requiere del esfuerzo conjunto de todas las comunidades autónomas y que los fondos destinados a la atención de menores migrantes se están distribuyendo en función de la necesidad de cada territorio. No obstante, desde Melilla sostienen que el reparto financiero es insuficiente y que la ciudad sigue asumiendo una carga desproporcionada en comparación con otras regiones del país.
Problema sin solución
La polémica sobre la redistribución de menores migrantes en España sigue abierta y sin una solución clara a corto plazo. Mientras el Gobierno central insiste en que su política busca equilibrar la carga entre todas las comunidades, desde Melilla se advierte que sin una dotación adecuada de recursos y una planificación justa, la situación seguirá siendo insostenible.
La presión migratoria sobre ciudades como Melilla es un desafío que se ha agravado en los últimos años, y la falta de consenso entre las administraciones pone en riesgo la atención y el bienestar de los menores extranjeros no acompañados. La Ciudad Autónoma reclama una solución integral y equitativa, mientras que el Gobierno sigue adelante con su plan de reparto, generando tensiones en el ámbito político y territorial.
La polémica por el reparto de los menores migrantes refleja una vez más las dificultades de España para gestionar la inmigración de forma coordinada y solidaria. Mientras el Ejecutivo defiende su estrategia, desde territorios como Melilla se sigue reclamando un sistema más justo y con recursos suficientes para garantizar una acogida digna y equitativa de estos menores en todo el país.
