Las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo cumplen su 25 aniversario y con motivo de esta fecha se ha querido dar una especial relevancia a una cita marcada ya en rojo en el calendario para los expertos en la materia. En el centro asociado de la UNED en Melilla estuvieron ayer, entre otros, los presidentes de las cinco salas del Tribunal Supremo. El cambio en el Gobierno central, eso sí, provocó algunos cambios en la agenda, como las ausencias del exministro de Justicia, Rafael Catalá, que iba a estar en la inauguración, o del recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que estaba previsto que participara en una de las mesas redondas. El propio presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, que tuvo sesión en el Senado el martes, tampoco estuvo presente en la apertura de estas jornadas.
A pesar de las ausencias, el rector de la UNED, Alejandro Tiana, resaltó la importancia de que Melilla lleve un cuarto de siglo organizando un evento con ponentes de tanta calidad y agradeció a la ciudad el esfuerzo que hace año tras año para la organización de las mesas redondas.
En una línea similar se pronunció en el discurso de apertura de las jornadas, el director del centro de la UNED de Melilla, Antonio Bravo, que afirmó que por delante habrá tres días intensos en los que se escuchará a los máximos expertos en la materia. El director de las jornadas, Manuel Torres Vela, resaltó también cómo ha ido creciendo este evento y cómo las instituciones locales se han volcado en su organización. Como sorpresa de la jornada, Torres Vela recibió una medalla de honor del centro de la UNED.
Para Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio Oficial de Abogados, esta cita convierte a Melilla en la capital de la justicia durante una semana todos los años.
La primera mesa redonda de ayer, en la que se sentaron los presidentes de las cinco salas del Tribunal Supremo, estuvo moderada por Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado del Tribunal Constitucional y expresidente de la sala primera del Supremo. Destacó la importancia de organizar un evento de este tipo en Melilla y resaltó que la intención de su mesa era analizar los problemas que hay actualmente en el Tribunal Supremo y aportar posibles soluciones.
El segundo debate, que versó sobre la Audiencia Nacional y los tribunales internacionales, estuvo moderado por el magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo, Eduardo Baena, que señaló que el objetivo de esta mesa era por una lado analizar las virtudes y disfunciones de la Audiencia, un tema ya tratado con anterioridad en estas jornadas, y por otro hablar sobre tribunales internacionales como el de Justicia de la Unión Europea o el de Derechos Humanos.
Las jornadas continuarán hoy con otras dos mesas redondas, una sobre la posible reforma del Ministerio Fiscal y otra sobre el Consejo General del Poder Judicial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, reclamó ayer que no termine esta legislatura “sin alcanzar el consenso político que se precisa para dejar sentadas las bases de una reforma” en el ámbito de la Justicia en España. Del Río hizo esta petición en su intervención en la inauguración de las XXV Jornadas Jurídicas Enrique Ruiz Vadillo. "Si antes vivíamos un momento en la política complicado, ahora es conocido", aseveró Del Río, para quien "sería una pena" que al finalizar este mandato no se haya alcanzado dicho consenso entre las diferentes fuerzas políticas sobre la reforma de la Justicia. En opinión del presidente del TSJA, "en estos tiempos de movilizaciones y reivindicaciones del colectivo judicial, es de suma importancia que la Justicia en España se vea reforzada institucionalmente". A su juicio, "es comprensible pasar del silencio secular de los jueces a la denuncia pública de la situación real" para que se tomen medidas que permitan "una mejor Justicia", aunque ha reclamado que ello se haga "valorando siempre con sumo cuidado la forma en que exteriorizamos nuestros anhelos y necesidades". Consideró "imprescindible no bajar la guardia y responder diligentemente como garantes de un servicio público básico" para aumentar el nivel de exigencia del colectivo judicial, y que este a su vez no pierda legitimidad, o que pueda ver "diluido" su "protagonismo social". Lorenzo del Río también puso el acento en la necesidad de "salvaguardar el poder judicial del enfrentamiento dialéctico propio de otros poderes del Estado" porque, de lo contrario, "no podrá cumplir la función que le corresponde en el delicado equilibrio institucional del Estado de Derecho".
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