El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en una entrevista a El País que “no ha habido devoluciones en caliente” en los tres años que llevan en el Gobierno. Ha asegurado, sobre las devoluciones de menores el pasado mayo, que no conoce ninguna que no se haya ejecutado bajo la legislación vigente.
Sin embargo, según los últimos datos a los que ha tenido acceso El Faro, el Defensor del Pueblo ya tiene admitidas tres quejas tan solo por las devoluciones en las islas españolas que hay en la costa norafricana.
El pasado mes de agosto se supo de la tercera queja tras saberse de las 41 personas que llegaron a la isla de Tierra, en la bahía de Alhucemas. La organización Coordinadora de Barrios informó sobre el suceso a la institución y ésta admitió la queja. Así pues, el Defensor inició actuaciones con la Delegación del Gobierno en Melilla.
En ese momento, fuentes del Defensor consultadas por El Faro señalaron que esta es la tercera actuación que inician de este tipo, subrayando que en el último informe del 2020 hace referencia a dos devoluciones desde las islas Chafarinas. “Han concluido con diferencia de criterio las dos actuaciones abiertas, una el 28 de diciembre de 2019 y otra en los primeros días de 2020, en relación con dos grupos de personas, la mayoría mujeres y niñas, que se encontraban en las islas Chafarinas. En estas dos ocasiones todas las personas rescatadas fueron entregadas a Marruecos”, indican en el informe.
En la ocurrida el 3 de enero de 2020, 42 inmigrantes que llegaron a las islas Chafarinas, informó la ONG Caminando Fronteras, y a las pocas horas fueron devueltos en caliente a Marruecos. En dicho grupo había 26 mujeres, dos niños y el resto hombres, que según denuncian desde la ONG, algunos de ellos se encontraban enfermos y otros tenían la intención de pedir asilo.
Horas después del suceso, Delegación del Gobierno envió un mensaje indicando que “Marruecos ha procedido, este mediodía, al rescate de unas 40 personas, trasladadas al puerto seguro más cercano (en Marruecos), aplicando el derecho marítimo internacional, cumpliendo así, tanto España como Marruecos, con sus obligaciones de rescate”. En el comunicado también dijeron que “el Gobierno de España quiere acabar una vía utilizada por las mafias que trafican con seres humanos y que está poniendo en grave riesgo la integridad de estas personas”.
Por su lado, Helena Maleno, miembro de Caminando Fronteras, declaró en ese momento a este medio que “esta es la devolución más grave que se ha hecho en años desde el Tarajal” y que no salían de su asombro después de que los propios migrantes les comunicaran el traslado a Marruecos por parte de la Guardia Civil.
En octubre de 2020 también se supo de la devolución de seis inmigrantes desde las islas Chafarinas.
La última gran devolución conocida fue la Vélez de la Gomera, situado frente a la costa marroquí, el pasado septiembre. Marruecos trasladó a Beni Melal, una ciudad que está en el centro del país, a los 125 migrantes devueltos en caliente por España, según el testimonio de Mohamed, un joven de Guinea Conakry que forma parte del grupo.
Todos fueron devueltos en caliente entre las cinco y las seis de la tarde de este lunes. Habían llegado el peñón militar de Vélez de la Gomera de madrugada, sobre las 4:00 horas, sorteando la valla que rodea la instalación militar y pese a que la mayor parte de ellos solicitó asilo, los devolvieron a Marruecos.
Los 125 migrantes devueltos en caliente fueron obligados a subir a entre tres y cuatro autobuses desde Alhucemas hasta Beni Melal. Hicieron un trayecto de entre 500 y 600 kilómetros, según la ruta, y en todo el camino, los chóferes no pararon ni para ir al baño.
Tampoco ofrecieron comida o agua a los migrantes, entre los que viajaban siete niños de corta edad. En el grupo iban además 65 mujeres y 60 hombres procedentes de países como Senegal, Mali, Costa de Marfil o República Democrática del Congo, entre otros.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, envió ese mismo lunes un recordatorio de deberes legales al Ministerio del Interior tras recibir quejas sobre la devolución a Marruecos de 125 migrantes subsaharianos, que en la madrugada de este lunes alcanzaron el peñón de Vélez de la Gomera.
Fuentes del Defensor confirmaron a El Faro que el recordatorio se trasladó al departamento de Fernando Grande Marlaska tras las quejas enviadas a la institución por varias ONG, que estaban en contacto con los migrantes devueltos este mismo lunes a Marruecos, pese a que al menos 90 de ellos solicitaron asilo a Acnur, asesorados por Caminando Fronteras.
No solo se han documentado devoluciones en los islotes y peñones españoles. El pasado mes de julio, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denunció que a finales de julio la Guardia Civil devolvió a Marruecos a dos menores de edad que fueron localizados en el barranco del Quemadero, momento que quedó grabado.
Desde la asociación explicaron que los jóvenes, de nacionalidad marroquí, estuvieron detenidos durante todo un día tras ser entregados a las autoridades marroquíes. Aseguran que es una grave violación devolver a dos menores sin preguntarles ni si quiera su edad y también no haber dado a los adultos la oportunidad de pedir asilo.
Pidieron que se abra una investigación y que se acabe con estas prácticas. “Al denunciar estas graves violaciones, AMDH Nador pide abrir una investigación seria y detener estas violaciones que solo afectan a los niños marroquíes y que demuestran una vez más que la frontera lamentablemente se abre cuando se trata de violar los derechos de los niños y los solicitantes de asilo”, expresaron en el comunicado.
Relacionado con este asunto, el Gobierno admitió que las devoluciones en caliente de menores de edad son ilegales. En una respuesta parlamentaria al senador por Compromís Carles Mulet, el Ejecutivo señala que las personas migrantes menores de edad desamparadas no pueden ser objeto de procedimiento de devolución o expulsión por estancia irregular. En este sentido, recalcan que España ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño “lo que la compromete a respetar en su marco normativo nacional los compromisos adquiridos con esta y sus protocolos facultativos.
Sin embargo, en la respuesta señalan siempre que haya indicios de minoría de edad, hay que trasladarlo a la fiscalía y a las autoridades competentes, dado que se cumple con el principio básico del bien superior del menor.
A principios de este año 2021, casi un centenar de organizaciones se han sumado al escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a los grupos parlamentarios que han mostrado su rechazo a las devoluciones en caliente (PSOE, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y al Grupo Mixto) reclamando que exijan al Gobierno “el cese inmediato y definitivo de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla”.
De esta manera, aclaran que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) “no dio respaldo a las devoluciones en caliente si se desarrollan como hasta ahora”, sino que exige tres requisitos: aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales. En esta misma línea se pronunció la magistrada María Luisa Balaguer en su voto particular a la sentencia del TC.
Para las organizaciones es “del todo imposible” respetar estas cuestiones en las devoluciones en caliente que se ejecutan en la actualidad, pues señalan que la inmediatez que las caracteriza es “incompatible” con un procedimiento que garantice derechos como la asistencia jurídica, la atención por un intérprete, la solicitud de asilo o efectuar un recurso, es decir, cumplir con el principio de no devolución incluido entre las obligaciones internacionales que España ha firmado.
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