Marín critica la gestión del Gobierno en la acogida de menores extranjeros no acompañados

El vicepresidente de Melilla, Miguel Marín ha manifestado su descontento con la gestión del Gobierno de España en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Extranjería y la redistribución de menores extranjeros no acompañados. Según Marín, desde el inicio del problema, el Ejecutivo central ha cometido graves errores al no dotar a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para afrontar esta situación de manera eficiente.

"El Gobierno de España se está equivocando desde el principio porque no ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para abordar esta cuestión", declaró Marín.

El vicepresidente insistió en que la gestión de los menores extranjeros debe ir acompañado de una financiación adecuada y de una estrategia clara para poder garantizar que todas las comunidades puedan cumplir con su responsabilidad de acogida sin sobrecargar a unas más que a otras.

Falta de equidad en la redistribución de menores

Uno de los puntos más críticos señalados por Marín fue la desigual redistribución de los menores entre los distintos territorios. Según el vicepresidente, el Gobierno de España está priorizando el interés político sobre el interés general, dejando fuera de la acogida a comunidades como Cataluña y el País Vasco, territorios clave para la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"El Gobierno está privilegiando a unos territorios sobre otros. A Cataluña la excluyen de la distribución porque necesita su apoyo político para mantenerse en el poder, y lo mismo ocurre con el País Vasco. Es un despropósito descomunal que no tiene sentido ni una hoja de ruta clara", criticó Marín.

El vicepresidente señaló que esta gestión por impulsos genera una situación de desigualdad entre las comunidades autónomas, en la que algunas deben asumir una carga mayor mientras otras quedan al margen por decisiones políticas.

Esperando los detalles del Real Decreto

Ante la posibilidad de que el Gobierno central retome la normativa para la redistribución de los menores a través del Real Decreto, Marín aseguró que el Gobierno de Melilla estará atento a los detalles de la propuesta. Sin embargo, insistió en que el verdadero problema no es solo la normativa en sí, sino la falta de financiación y apoyo por parte del Ejecutivo central.

"Vamos a ver el Real Decreto, pero lo más importante es dotar a todas las comunidades autónomas de los recursos económicos y materiales necesarios para dar este servicio. Y, en segundo lugar, es fundamental que todas las comunidades autónomas actúen con el mismo nivel de solidaridad", subrayó Marín.

El vicepresidente insistió en que la responsabilidad de la acogida de menores no puede recaer únicamente en ciertas comunidades, sino que debe ser un esfuerzo conjunto de todo el país.

Un problema sin solución clara

La cuestión de los menores no acompañados sigue siendo un desafío importante para Melilla que, debido a su situación geográfica, es una de las principales puertas de entrada a España. La ciudad autónoma ha reclamado en numerosas ocasiones una mayor implicación del Gobierno central para garantizar una distribución equitativa de los menores y una gestión eficiente de los recursos.

Sin embargo, según Marín, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue actuando sin un plan definido, tomando decisiones cambiantes según el contexto político. "Un día dicen una cosa, al día siguiente dicen la contraria y al siguiente no dicen ni una cosa ni la otra. Así no se puede gestionar un problema de esta magnitud", lamentó el vicepresidente.

El Gobierno de Melilla mantiene su postura crítica ante la gestión del Gobierno central en materia de inmigración y acogida de menores extranjeros no acompañados. Miguel Marín ha reiterado la necesidad de un reparto equitativo entre comunidades autónomas y de una financiación adecuada para hacer frente a la situación.

Mientras tanto, la ciudad sigue esperando respuestas claras por parte del Ejecutivo central y una solución efectiva que garantice que todas las comunidades autónomas asuman su parte de responsabilidad en la acogida de menores sin que la política interfiera en la gestión de un problema humanitario.