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Marín califica de “inédito” que sea la CEME la que confirme la apertura de la aduana

Los populares siguen a la espera de que el Gobierno dé la fecha y hable de las condiciones

El secretario regional del PP, Miguel Marín, ha calificado como “inédito” que haya sido la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) la que confirme a los medios de comunicación la fecha de la apertura de la aduana comercial, prevista para este miércoles. Para el dirigente popular lo normal sería que el Gobierno de España anunciara públicamente cuándo se reabrirá una aduana que lleva cuatro años y medio cerrada por la decisión unilateral de Marruecos.

En cualquier caso, Marín indicó que “no existen garantías” de que, efectivamente, la aduana reabra este miércoles día 25 de enero, como ya filtró el diario El País hace una semana. “Estamos a la espera y deseamos que el Gobierno diga claramente cuándo se abre y en qué condiciones”, insistió para dejar claro que se trata “de un tema no menor” para los melillenses.

El número dos del partido entiende que son muchas las dudas que aún tienen los ciudadanos con respecto a la aduana y por eso cree “inaudito” que fueran los empresarios locales los que comunicaran la reapertura. “Es el Gobierno el que debe dar esa información y con todo los detalles”, insistió para dejar claro que el PP se mantiene “cauteloso” a la espera de que se produzca una información oficial al respecto.

De hecho, este lunes el diputado por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, calificó de “milagro” que abriera la aduana y criticó la incertidumbre que, en su opinión, rodea este tema ante la falta de “instrucciones claras” relacionadas con la aduana y su funcionamiento. “La Delegación del Gobierno no da ninguna instrucción clara ni ninguna dirección sobre cómo se va a producir esa reapertura ni tenemos conocimiento tampoco de que las autoridades marroquíes estén adoptando disposición para ello”, comentó Díaz de Otazu.

El parlamentario popular cree, por último, que los empresarios y comerciantes melillenses están en una situación de “inseguridad jurídica” por no saber todavía cuáles son los productos que podrán pasar a Marruecos por la aduana comercial.

 

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