La Ciudad Autónoma declara formalmente la contingencia migratoria para no acoger más menores migrantes

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín ha cargado contra el Gobierno central por su gestión de la política migratoria, en especial por la aplicación del nuevo Real Decreto que establece un sistema de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Marín ha denunciado lo que considera "una doble vara de medir" por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y ha lamentado la exclusión de comunidades como Cataluña y el País Vasco de este reparto, mientras territorios como Melilla continúan asumiendo una carga económica y asistencial "insostenible".

Durante su intervención, Marín recordó que la competencia en materia migratoria, incluida la atención a menores extranjeros no acompañados, es exclusiva del Gobierno central. A pesar de ello, ha asegurado que en los últimos siete años "no se ha ocupado ni preocupado de este gran problema", dejando a determinadas comunidades y ciudades autónomas, como Melilla, con una responsabilidad que no les corresponde ni jurídica ni materialmente.

Real Decreto y declaración de contingencia

El Gobierno de España aprobó recientemente un Real Decreto que sienta las bases para establecer un sistema de reparto territorial de menores no acompañados en situaciones de saturación o colapso. Dicho mecanismo, contemplado como respuesta a situaciones de contingencia migratoria, permite que menores llegados masivamente a ciertos puntos del país —como Canarias, Ceuta o Melilla— sean redistribuidos a otras regiones que dispongan de plazas disponibles para su atención y tutela.

Aunque Ceuta ya ha solicitado formalmente esta declaración de contingencia, en Melilla aún no se ha presentado la solicitud oficial, algo que el vicepresidente ha confirmado que se hará próximamente. “Melilla también va a solicitar que se repartan menores desde aquí porque estamos desbordados”, afirmó. Sin embargo, Marín rechazó que este movimiento contradiga las críticas de su Ejecutivo al decreto estatal: “No es una doble vara de medir por nuestra parte, es simplemente decirle a los ciudadanos lo que está ocurriendo”.

Críticas al modelo del Gobierno central

Marín arremetió contra el “abandono” prolongado del Gobierno de Sánchez en esta materia, asegurando que durante más de siete años no se ha diseñado una estrategia sólida ni se han dotado recursos suficientes a las comunidades para afrontar este fenómeno. En ese sentido, criticó que el Ejecutivo no haya garantizado el apoyo económico necesario para cumplir con las obligaciones derivadas del acogimiento de menores migrantes, lo que ha obligado a las autonomías afectadas a sufragar los gastos “con sus propios medios”.

El vicepresidente fue especialmente contundente al referirse a la exclusión de Cataluña y el País Vasco del sistema de reparto. “¿Por qué el señor Sánchez quita de esta ecuación a Cataluña y al País Vasco?”, se preguntó. Según Marín, esta decisión responde a una cesión política del presidente del Gobierno ante los nacionalistas y partidos independentistas que sostienen su mandato: “Les ha dicho que si quiere seguir en La Moncloa no puede mandarles menores, y ha aceptado ese chantaje”.

Para el número dos del Gobierno local, el presidente Pedro Sánchez actúa “como un rehén” de los independentistas, a quienes acusa de condicionar decisiones clave de Estado en beneficio propio, en detrimento del resto del país. “Es un presidente títere, un gobierno títere, que actúa al dictado de quienes quieren romper nuestro país”, añadió.

Paradojas y desigualdades en el reparto

Marín subrayó además las contradicciones del modelo estatal, ejemplificándolo con el caso de Baleares. Según explicó, esta comunidad autónoma está recibiendo actualmente menores migrantes a través de llegadas irregulares por mar, especialmente en Formentera. A pesar de ello, el Gobierno de España le exige que asuma además el acogimiento de menores provenientes de otros puntos saturados como Canarias o Melilla. Mientras tanto, “a la comunidad vecina, que es Cataluña, ni uno solo”, denunció.

Estas disparidades, aseguró, reflejan una falta de equidad en la distribución de responsabilidades que pone en entredicho el propio sistema. “Esto es un despropósito, de una caradura descomunal, y de una indecencia tremenda”, afirmó el vicepresidente, quien insistió en que se trata de una política “inadmisible desde cualquier punto de vista”.

El coste económico: 120 millones de euros

Marín destacó también el esfuerzo económico que ha supuesto para Melilla la atención a menores migrantes no acompañados durante los últimos años. Según sus palabras, la ciudad ha destinado ya más de 120 millones de euros de sus propios recursos para sostener un sistema que, en teoría, debería estar financiado íntegramente por el Estado.

“El dinero contemplado por el Gobierno actual sigue siendo insuficiente”, remarcó, alertando de que Melilla deberá seguir utilizando fondos propios para cubrir las necesidades de estos menores. Una situación que, advirtió, ahoga financieramente a la ciudad y resta capacidad para invertir en otros servicios públicos fundamentales.

Denuncia reiterada desde el Ejecutivo local

No es la primera vez que el Gobierno de Melilla, presidido por Juan José Imbroda, critica la política migratoria del Ejecutivo central. Desde el inicio de la legislatura, el Partido Popular ha reiterado en distintas ocasiones que la Ciudad Autónoma está siendo objeto de una desatención sistemática en materia de migración, y especialmente en lo que respecta a los menores.

Miguel Marín concluyó su intervención reiterando que tanto desde el Gobierno local como desde el Partido Popular continuarán denunciando lo que consideran una “injusticia institucional” y una “irresponsabilidad política”. Aseguró que el reparto actual de menores no obedece a criterios técnicos o de solidaridad interterritorial, sino a intereses partidistas “para mantener el poder a cualquier precio”.

El vicepresidente también se refirió a la Delegación del Gobierno en Melilla, a la que reprochó su falta de posicionamiento ante esta situación. En su opinión, la delegada Sabrina Moh “no quiere enterarse de lo que está ocurriendo” y evita pronunciarse sobre una realidad que afecta de forma directa a los recursos sociales y a la convivencia en la ciudad.

Marín subrayó que el reparto desigual, la falta de recursos y la ausencia de un compromiso firme del Gobierno central solo agravan un problema estructural que requiere una solución integral y coordinada a nivel nacional. Para Melilla, afirmó, no puede haber más demoras: “La situación es insostenible, y si no se toman medidas reales, seguirá empeorando”.