Los sindicatos lanzan un grito unánime y piden al Gobierno un plan para Muface

Alrededor de 50 personas se concentraron este miércoles frente a la Delegación del Gobierno –igual que en toda España–, convocados por los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, USIE, UFP, SUP, Adide, Acaip y SIAT, para reclamar una asistencia sanitaria de calidad para 1,5 millones de empleados públicos.

Entre los representantes de todos los sindicatos, leyeron un manifiesto en el que exigieron al Gobierno un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público y cargar contra “unas aseguradoras insaciables que, con el argumento de que el modello Muface está infrafinanciado, quieren aumentar sus beneficios a costa del Estado y de derivar a la sanidad pública los casos más graves y más caros de atender”. Mientras tanto, han criticado que los mutualistas son “utilizados como rehenes” y se pone en peligro su salud.

Por ello, se dirigieron a las aseguradoras para expresarles la necesidad de alcanzar un acuerdo anteponiendo la atención sanitaria de los mutialistas por encima de los réditos económicos que puedan poner en peligro la nueva licitación.

“Exigimos que se concrete lo antes posible un acuerdo estable, razonable y satisfactorio, que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos y en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones”, aclararon, antes de pedir también más transparencia al Gobierno y de la mutua en un proceso en el que también reclaman la participación de los sindicatos.

Hay que recordar que las tres aseguradoras que hasta el momento prestaban este servicio –Adeslas, Asisa y DKV– han decidido no presentarse el nuevo convenio al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas.

En este sentido, los sindicatos recuerdan que, pese a que el Gobierno publicó unos pliegos de contratación con una subida del 17 por ciento, ello no ha bastado a estas tres aseguradoras, que han decidido no presentarse porque querían una mejora del 40 por ciento.

Según aclararon en el manifiesto, el 72 por ciento de estos funcionarios optaron en 2024 por la sanidad concertada –un 34 por ciento con Adeslas, un 25 por ciento con Asisa y un 13,2 por ciento con DKV–, mientras que el otro 28 por ciento optó por la sanidad pública.

Los nuevos funcionarios, sin embargo, están optando mayoritariamente por el sistema público, como demuestra el hecho de que dos de cada tres nuevos rechazaron en 2022 los seguros privados ofrecidos por Muface.

En cualquier caso, los sindicatos advierten de que la migración de todos los mutualistas ocasionará “un gran impacto en el actual sistema sanitario de la Seguridad Social”.

El Gobierno y las aseguradoras

Tras la lectura del manifiesto, el secretario general del SUP en Melilla, Jesús Ruiz Barranco, exigió al Gobierno que no los deje “tirados” y que consolide la licitación de Muface, así como a las aseguradoras que no quieran “hacer caja” con ellos. “Queremos que el Gobierno dé dinero, pero también queremos que las aseguradoras no nos tomen como una moneda de cambio para presionar y exigir más”, añadió.

Así, incidió en que no les gusta el “mercadeo” y solicitó una buena licitación en la que las aseguradoras no los utilicen “como rehenes”

Igualmente, el representante del SUP indicó que quieren “una mejor comunicación y más claridad” para que sepan exactamente lo que está sucediendo.

En su caso, por ejemplo, tan sólo ha recibido “una carta muy fría” en la que se le comunica que, a partir del día 1 de febrero de 2025, no va a tener asistencia sanitaria y que hable con Muface para ver dónde lo ponen.

El secretario general del SUP en Melilla dijo que “la situación de desamparo que está sintiendo la mayoría no puede seguir” e insistió en que, sin renunciar a la sanidad pública, quieren tener una sanidad privada donde se atiendan sus dolencias.

A falta de ver si continuarán las movilizaciones, Ruiz Barranco calculó en más de 5.000 los funcionarios dependientes de Muface y de las entidades privadas en Melilla. Además, recordó que, a nivel nacional, son 1,5 millones de funcionarios los que se encuentran en esta situación y que, si todos acuden a la sanidad pública, puede ser que la colapsen.

Aquí hay que tener en cuenta, tal como remarcó, que “en Melilla ya existe un problema sanitario, con un hospital cerrado y mucha demanda de médicos”, por lo que las listas de espera podrían incluso aumentar.

El representante del SUP no dejó claro si se realizarán más movilizaciones, porque eso es algo que tendrán que acordar entre todos los sindicatos convocantes.

“Un genocidio a los mayores”

Finalmente, uno de los jubilados de la enseñanza ahí presentes, Francisco Gómez, de 75 años, apuntó que los pensionistas son los más perjudicados. En su caso, tiene Asisa desde los 23 años y aseveró que ahora se encuentra “completamente indefenso” y que no sabe adónde ir para tratar sus dolencias, ya que sus médicos ya le estaban haciendo un seguimiento.

En cualquier caso, indicó, no renuncia a la Seguridad Social, siempre que “esos dos mil y pico millones que dice la ministra de Sanidad (Mónica García) que mejor que se los quede el Estado que dárselos a las privadas” sirvan para proporcionar medios y que el Gobierno cree las suficientes plazas de médicos como para atenderlos a todos.

Además, e independientemente de lo que suceda con la Seguridad Social, acotó que las personas de su edad no pueden hacerse seguros privados, porque no se los aceptan. “Nos quedamos en el limbo y eso no tiene nombre. Es un genocidio lo que nos están haciendo a los mayores”, concluyó.