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Blas Jesús Imbroda tacha de “trilerismo jurídico” incluir este informe como última prueba de la acusación
Los seis letrados de la defensa del ‘caso Abogados’ insistieron ayer en que el informe del Tribunal de Cuentas de 2001, al que se hizo referencia en la sesión del jueves, no contiene ninguna recomendación en contra de la contratación de abogados externos por parte de la Consejería de Bienestar Social. La defensa criticó la prueba “sorpresa” presentada en la penúltima sesión del juicio por la acusación, en la que un testigo aseguró que este organismo hizo reproches contra el sistema de contratación.
Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Abogados y uno de los letrados de la defensa, llegó a calificar de “acto de trilerismo jurídico” la presentación de esta última prueba. Dijo que lo hicieron para impedir que hubiera una contestación. Sin embargo, aseveró que si se analiza este informe se comprueba que se le está dando la razón a los inculpados, porque en dicho análisis no se incluyó ninguna recomendación para advertir a la Consejería de Bienestar Social de que se pudiera estar cometiendo una irregularidad en la contratación de servicios jurídicos externos.
El testimonio de Requena
Hay que señalar que fue el testigo Juan Requena, un abogado que durante años formó parte del equipo de los servicios jurídicos de la Ciudad, el que aseguró el jueves que en el informe del Tribunal de Cuentas relativo a 2001 y remitido en 2005, se formularon reproches contra el sistema de contratación de Bienestar Social. “Era una mención expresa y no un reproche concreto”, aseveró, al tiempo que puntualizó que este informe data de 2001, cuando María Antonia Garbín aún no era consejera de Bienestar Social.
En la misma línea que Blas Jesús Imbroda se pronunció la abogada de María Antonia Garbín, María José Aguilar Silveti, que indicó que el Tribunal de Cuentas no hace ningún reparo de ilegalidad en el informe al que hizo referencia Juan Requena, uno de los testigos que intervinieron en la sesión del jueves.
Es más, uno de los letrados de la defensa llegó incluso a solicitar al juez que no admita este informe como prueba porque debería haberse aportado anteriormente.
Asimismo, la defensa apuntó que este documento del Tribunal de Cuentas no es un informe de ilegalidad, porque aunque hace una objeción en el apartado de fiscalización no emite ninguna recomendación. “No habla de irregularidad porque no la hay”, aseveraron desde la defensa.
Interventor General del Estado
Por otro lado, también se refirieron al testimonio del interventor general del estado. En este punto, Blas Jesús Imbroda apuntó que el interventor indicó que se podría haber simultaneado un “contrato mayor” a la espera de que se sacaran las plazas de abogados para la Administración, algo que calificó de “disparate” y que aseguró que después de consultar con varios expertos ha concluido que no se podía hacer.
Otro de los letrados de la defensa apuntó que al informe de este interventor general del Estado le faltaba información porque sólo tenía la que le pasó la Guardia Civil. Asimismo, considera que en algunas de sus afirmaciones incluyó “opiniones personales”.
Silveti considera que la falta de parcialidad de Requena es clara
Una carta de Juan Requena, un abogado que hace años formaba parte del equipo de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma, fue el origen de la denuncia y el posterior proceso abierto por el llamado ‘caso Abogados’. La letrada de la defensa de María Antonia Garbín, María José Aguilar Silveti, aseguró ayer que esa misiva, “complicada de entender”, no mencionaba en ningún momento de forma precisa ni a Garbín ni a la Consejería de Bienestar Social. Además, Silveti consideró que queda clara la falta de parcialidad de Requena y consideró sorprendente que “durante mucho tiempo” no observara los hechos que después denunció. “No sabía nada de la Consejería de Bienestar Social. Fue poco preciso y no puede ser tenido en cuenta por la falta de parcialidad”, insistió la letrada.
Fiscalía solicita hasta 10 años de inhabilitación
El juicio contra trece imputados por supuesta prevaricación, entre ellos una exconsejera de Melilla, quedó ayer visto para sentencia con una petición de hasta diez años de inhabilitación, mientras que las defensas piden la absolución. El juicio comenzó el pasado día 12 contra la exconsejera de Bienestar Social María Antonia Garbín, ocho funcionarios y cuatro abogados que fueron contratados por este departamento. Están acusados por la Fiscalía y la acusación popular por realizar 91 contratos menores para que estos abogados trabajaran sin necesidad de tener que convocar sus plazas. La fiscal pide para la exconsejera 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 9 para el resto excepto para los abogados. La acusación popular, que ejerce la Asociación Libre de Abogados (ALA), reclama 10 años para la política, entre ocho y medio y nueve para los funcionarios y 4 para los abogados.
