Los empresarios insisten en la derogación del decreto

La patronal melillense se reunió al mediodía de ayer con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, porque son muchas las dudas que todavía tienen acerca de los reales decretos que regulan el nuevo sistema de bonificación al empleo en la ciudad. A juzgar por las palabras del presidente de la CEME, Enrique Alcoba, salieron del encuentro con la misma incertidumbre con que habían acudido a la llamada de la Delegación.

Aunque reconoce que sacar del saco a todos los contratos anteriores al 1 de septiembre pasado es “un alivio”, no tuvo empacho ninguno en señalar que la CEME quiere la derogación de la norma y que luchará por conseguirlo en unidad de acción con sus homólogos ceutíes e incluso la principal organización empresarial de España, esto es la CEOE. También quiere que haya apoyo con los partidos políticos y con las asambleas de las dos ciudades autónomas al unísono.

Explicó Alcoba que los requisitos que establece la norma para poder optar a los 262 euros de bonificación por contrato son tales y tan numerosos, que prácticamente no habrá empresas que puedan acogerse al nuevo sistema. Y es que el problema, según dijo, será encontrar trabajadores que cumplan con las expectativas que recoge el Real Decreto 1/2023 objeto de toda esta polémica.

Los empresarios locales están convencidos de que todo eso tendrá un impacto muy negativo en el tejido productivo de la ciudad. No saben aún en qué porcentaje se verá afectada Melilla pero tienen claro que se han cargado uno de los principales atractivos fiscales para atraer inversión foránea.

Todo ello, además, en el contexto de una grave crisis motivada por el agotamiento de un modelo económico ya impracticable: frontera abierta para que pase todo tipo de mercancías y un comercio que se favorecía de esa actitud de apertura por parte de Marruecos.

Por eso Alcoba mostró la “sorpresa” de los empresarios por las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las que calificaba de “éxito” la hoja de ruta establecida entre España y Marruecos y decía, no sin razón, que ya que no hay forma de que reabra la aduana comercial (cinco años cerrada unilateralmente por las autoridades marroquíes), que tampoco se respeta el régimen de viajeros y que no se bonifica el transporte de mercancías de primera necesidad, al menos que se mantenga la subvención del 50% de las cuotas de la Seguridad Social tal y como estaba hasta el pasado día 1.

Desde luego que las declaraciones de Albares son de traca y no han podido producirse en peor momento de cara a una ciudad que, como Melilla, sufre cada día la bota de Marruecos sobre su cuello. Si para el Gobierno eso es un “éxito” no queramos conocer lo que supondría para ellos un fracaso.