La vergüenza de los centros socioeducativos: Trabajadores olvidados y administración ausente

Después de más de dos años de lucha silenciosa, creemos que ya es hora de poner nombre y apellidos a una de las mayores vergüenzas laborales de nuestra ciudad: La situación de los trabajadores de los centros socioeducativos de Melilla. Un colectivo que lleva casi dos décadas sosteniendo, con su esfuerzo y dignidad, la educación y la cohesión social en los barrios más vulnerables, mientras la administración los maltrata con promesas incumplidas, abandono y una cadena de empresas que han hecho del desprecio su modelo de gestión.

Estos centros nacieron de la mano de la antigua Consejería de Bienestar Social y de la asociación M.E.P.I. (Maestros por la Integración), una época en la que parecía que la ilusión y la vocación podían más que la burocracia. Aunque, curiosamente, en aquella asociación apenas había un maestro entre sus miembros. Desde entonces, los trabajadores fueron contratados como monitores, pero se les exigía titulación de maestros, cobrando ligeramente por encima del convenio de monitores de ocio y tiempo libre. En otras palabras: Trabajaban como maestros, pero a precio de monitor. Qué gran negocio: Educación de calidad a precio de saldo.

Durante 18 años, con limitaciones de espacio, material escaso, empresas que entran y salen como si los contratos fueran puertas giratorias y salarios congelados, este personal ha mantenido vivo un servicio que el propio Gobierno parece haber olvidado. Y todo para acabar, en 2023, con un nuevo pliego de condiciones que prometía dignidad y acabó convirtiéndose en una trampa más.

Ese nuevo pliego “milagroso” cambió la categoría de monitor a técnico de grado, pero con una subida salarial tan insultante como simbólica: De 700 a 800 euros al mes. Mientras tanto, los celadores y limpiadoras no solo no vieron mejoras, sino que incluso vieron reducidas sus horas de trabajo de 40 a 34 semanales. Una vez más, a los trabajadores melillenses les tocó jugar a perder.

Hasta diciembre de 2023, la empresa adjudicataria fue Clece S.A., con la que —al menos— los empleados cobraban a tiempo y habían llegado incluso a firmar un convenio propio. Convenio que la Ciudad Autónoma no quiso aceptar, prefiriendo un pliego nuevo que, lejos de mejorar la situación, la dinamitó por completo. En aquel acuerdo rechazado se reconocían las categorías de maestro, se regulaban las diferencias salariales y se incluía el plus de residencia, algo que desde Nueva Melilla seguimos exigiendo para todos los trabajadores de servicios públicos.

Es paradójico oír a algunos partidos hablar del “peligro de que el sanchismo quite el plus” cuando ni siquiera lo cobran la mayoría de los empleados públicos dependientes de la Ciudad. Lo que necesitamos no son discursos, sino dignidad para los trabajadores melillenses.

Pero llegó Alvalop. Sólo el nombre ya suena a aplicación de segunda mano, pero en realidad es una empresa gallega experta en recoger servicios públicos y dejarlos peor de lo que estaban. Con una simple búsqueda en internet basta para ver su historial de impagos, conflictos laborales e incumplimientos en toda España. Y, si escarbamos un poco más, descubrimos que antes se llamaban Prosem, una empresa procesada en Galicia por el caso de los cursos de formación no impartidos, con cantidades que superaban los cuatro millones de euros y vínculos evidentes con administraciones del Partido Popular.

Por supuesto, aquí también encontraron hueco. En diciembre de 2023, Alvalop se hizo con los siete centros socioeducativos de la ciudad, justo cuando la Consejería decidió dividir el servicio en siete lotes, debilitando aún más la estructura. Un error garrafal: distintas empresas, distintos criterios, y la misma precariedad de siempre.

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, los impagos fueron sistemáticos. En algunos centros, como Acera de Negrete, los retrasos alcanzaron tres y hasta cuatro meses. Hubo despidos, falta total de mantenimiento y abandono material. Los trabajadores, los sindicatos, los medios y la oposición empezaron a denunciarlo. Incluso programas como Encerrados, de nuestro amigo Alberto Benzaquén, dieron voz a quienes ya no podían más. Pero la respuesta de la administración fue la misma de siempre: Silencio, promesas, y más silencio.

Cuando el contrato de los primeros lotes terminó, Alvalop dejó un “regalo” de Navidad a los trabajadores: Las nóminas impagadas de octubre, noviembre y parte de diciembre de 2024. Para colmo, redujeron unilateralmente la jornada laboral a 34 horas y obligaron a los empleados a firmar anexos sin opción a mostrar disconformidad. Y todo ello condicionando el cobro de la nómina de diciembre a que firmaran. Si eso no es chantaje laboral, que venga alguien y lo explique mejor.

Desde entonces, la situación ha sido una ruleta mensual. Nadie sabía cuándo ni si cobraría. De hecho, la única nómina pagada a tiempo fue la de mayo de 2025. El resto, con meses de retraso.

A finales de agosto, los trabajadores de Pinares, Tiro Nacional y San Francisco pudieron por fin cobrar las de junio y julio, pero los de Acera de Negrete y Palmeras siguen sin cobrar ni un euro. Sí, lo han leído bien: Seis meses consecutivos sin cobrar. Y un año después, siguen esperando las nóminas de octubre de 2024. Es una vergüenza, una humillación y una muestra de desprecio hacia quienes cada día trabajan en primera línea educativa, acompañando a niños y familias que dependen de ellos para tener una oportunidad.

Pero si Alvalop ha actuado así, no menos grave es la complicidad por omisión de la Consejería de Políticas Sociales, encabezada por Randa Mohamed y su eterno director general José Antonio Castillo. Han anunciado rescisiones de contrato tres veces, y tres veces han mentido. Ninguna se ha hecho efectiva. Cada reunión con los trabajadores acababa con una nueva promesa, un nuevo expediente sancionador o un nuevo plazo de audiencia que terminaba decayendo. Y mientras tanto, los centros funcionaban sin material básico, sin limpieza y sin recursos, hasta el punto de que la propia Consejería tuvo que comprar productos de urgencia para evitar el cierre.

¿Qué más hace falta para actuar? ¿Una tragedia? ¿Una huelga de hambre?

Desde Nueva Melilla lo decimos alto y claro: Esto es una emergencia laboral y social. Estos trabajadores no pueden seguir esperando a que la voluntad política despierte. No pedimos milagros, pedimos que se cumpla la ley, que se rescindan los contratos por incumplimiento flagrante, que se asuma el control de los centros y que se garantice el cobro inmediato de los salarios.

La ciudadanía lo pide, la ley lo permite y la decencia lo exige. No se trata sólo de justicia para unos pocos, sino de dignidad para todos los que trabajan en servicios públicos. Porque hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera.

El próximo martes 28, a las 11 de la mañana, estaremos con ellos, acompañándolos en su justa y legítima reivindicación. Y lo haremos las veces que haga falta, porque la marcha de Alvalop no debe ser el final, sino el comienzo de un servicio digno, con un nuevo pliego justo, elaborado por todas las partes, con salarios equiparados y reconocimiento de los derechos laborales que les corresponden.

Melilla no puede seguir siendo la ciudad del parche, donde los problemas se tapan hasta que revientan. No queremos una ciudad feudal donde unos pocos deciden y muchos sobreviven. Queremos una ciudad donde los trabajadores públicos sean respetados, valorados y tratados con la dignidad que merecen.

Por eso, desde Nueva Melilla, reiteramos nuestro compromiso: Seguiremos apoyando a los trabajadores, seguiremos denunciando cada injusticia, y no descansaremos hasta dignificar la vida laboral en nuestra ciudad.

Porque la dignidad de Melilla empieza por la dignidad de sus trabajadores.