La Policía detecta a 5 sirios en Barrio Chino pese a que no hay traductores

La Unión Federal de Policía vuelve a reclamar que se contraten intérpretes fijos para la frontera.

El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) anunció ayer a través de su cuenta de Twitter que sobre las nueve de la mañana los agentes del Cuerpo Nacional de Barrio Chino detectaron a cinco ciudadanos sirios que intentaban entrar por este paso fronterizo.
Eso lo hicieron, según explicaron en un ‘tuit’, pese a que siguen sin tener traductores en los puestos de la frontera de Melilla.
Para detectar que un ciudadano sirio o argelino intenta pasar con un pasaporte falso, los agentes suelen hacerle alguna pregunta en amazight. Si no la entienden, entonces se dan cuenta de que hablan otro tipo de lengua y que probablemente no son de Nador como dicen ser.
José Guerrero Cámara, portavoz de la UFP en Melilla, lamentó ayer que ya no haya traductores en los pasos fronterizos. “Hace ocho o nueve años había intérpretes en Farhana y en Beni Enzar. En Barrio Chino no hacían falta porque ese paso sólo se usaba por entonces para la entrada de residentes en Nador, pero ahora son necesarios porque ahora pasan por ahí mercancías y gentuza como ‘El Chispa’, que el sábado agredió con una botella a un guardia civil”, comentó a El Faro.
Hay que recordar que el delegado del Gobierno en la ciudad, Abdelmalik El Barkani, aseguró que en Melilla no faltan traductores. Los sindicatos policiales aclararon en su momento que es cierto que los hay, pero están en la Comisaría y sólo se acercan a los pasos fronterizos si son requeridos por los agentes de la frontera.
Lo que pide la Unión Federal de Policía  es que además de los intérpretes de la Jefatura Superior de Melilla, haya traductores en los accesos a la ciudad ya que la mayoría de los inmigrantes ilegales se ‘cuelan’ por los pasos fronterizos.
No es la primera vez que los ciudadanos sirios intentan entrar en Melilla por Barrio Chino. También lo intentaron, sin conseguirlo, la semana pasada. Nuevamente ninguno de ellos solicitó asilo.
Fuentes policiales consultadas por este periódico afirman que en los últimos días se ha conseguido frenar la entrada de sirios en Melilla a través de los pasos fronterizos. Sin embargo, desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) confirmaron hace unos días a El Faro que en las tres primeras semanas de enero entraron en Melilla de forma ilegal 78 ciudadanos procedentes de Siria. Ninguno de ellos pidió la protección internacional de asilo.

El Cuerpo Nacional contrató intérpretes sólo para Comisaría

La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía adjudicó el pasado 26 de agosto sus servicios de traducción e interpretación en toda España a la empresa Seprotec por un importe de 9,8 millones de euros, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La empresa se encarga desde entonces de la interpretación directa e inversa al castellano de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en otros idiomas en el marco de actuaciones judiciales e investigaciones policiales.  En el anterior concurso, resuelto en octubre de 2011, Seprotec se hizo sólo con el servicio de traducción de la Policía en Andalucía y Extremadura.
El contrato de 2013 de la Policía se dividió en cinco lotes, de los que el más cuantioso era el de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, valorado en 4,96 millones de euros, seguido del de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares (casi 2,5 millones) y el Canarias, Ceuta y Melilla (1,12 millones).
En ningún caso este dinero se empleará, según el BOE, en servicios de traducción en la frontera sino que se trata, exclusivamente, de traductores para actuaciones judiciales e investigaciones policiales.

Human Rights destaca la extradición de franquistas y la inmigración de Melilla

El informe anual de 2013 de la ONG Human Rights Watch dedica sólo ocho párrafos a España y uno de ellos está enfocado en Melilla.
En el resumen de los hechos más importantes relacionados con los derechos humanos que tuvieron lugar en España, Human Rights Watch destaca que “el Ministerio del Interior informó en septiembre del año pasado de que casi 3.000 inmigrantes intentaron entrar en el enclave español de Melilla desde enero de ese año, casi el doble que en el mismo periodo de 2012. En ese plazo de tiempo se impidió la entrada a tres cuartas partes de esos inmigrantes en medio de acusaciones de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley española sumariamente retornan a los inmigrantes y éstos sufren abusos a manos de la Policía marroquí”, señala el informe de la ONG líder en el mundo.
Llama la atención que sólo Melilla (por la inmigración) y Cataluña (por la prohibición del velo islámico) hayan sido las únicas autonomías españolas mencionadas por Human Rights Watch en su resumen de 2013 y que ocupen una relevancia similar a la que la ONG le dio al hecho de que Argentina pidiera en octubre pasado la extradición de dos exfuncionarios del régimen franquista, presuntamente vinculados con desapariciones durante la dictadura, o el alargamiento del cumplimiento de condenas a los presos de ETA en virtud de la doctrina Parot.
El informe de Human Rights Watch hace, además, hincapié en las identificaciones de la Policía basándose sólo en el color de la piel de los transeúntes. También resalta las declaraciones del relator de la ONU, Mutuma Ruteere, en torno a la pérdida de derechos sanitarios y de empleo de los inmigrantes en España desde que comenzó la crisis económica.
El escueto capítulo que Human Rights Watch dedica a España reitera su denuncia contra la “detención ilegal” de inmigrantes en los Centros de Internamientos (CIE) de la península y su “atmósfera carcelaria”.
Hay que recordar que durante la presentación de su informe anual en Berlín, Human Rights Watch no criminalizó a España por la colocación de la concertina en la valla de Melilla. La presidencia de la ONG admitió que España no viola ninguna legislación europea al blindar su perímetro fronterizo con cuchillas, pero sugirió que se utilicen métodos que respeten los derechos humanos.