La Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido de un hecho de suma gravedad relacionado con la inmigración ilegal.
Por un lado afirma que ha constatado la existencia de ‘niños ancla’, menores que son utilizados por algunos inmigrantes para evitar la expulsión del país. Además afirma que hay casos en los que estos niños, cuya integridad corre serio peligro, son utilizados para obligar a sus madres a ejercer la prostitución. Ambos hechos son muy preocupantes, pero lo es aún más la denuncia que hace la Fiscalía Superior de Andalucía y que va en la misma línea de la realizada hace una semana por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. En el informe anual de ambas instituciones referido al año 2013 se reclama más celeridad en la realización de las pruebas de ADN que permiten detectar este tipo de casos. El tiempo que transcurre hasta que están disponibles los resultados de los análisis provoca que el protocolo de actuación establecido entre la Sección de Extranjería y la de Menores quede en papel mojado al no poder detectar a tiempo los casos en los que hay niños padeciendo maltrato y mujeres sufriendo explotación sexual. Explica que la tardanza en la realización de las pruebas genéticas (entre tres y cuatro meses) las hace inútiles dado que muchas veces mujeres y niños no permanecen más que unos días en los centros de acogida.
De este modo, la gravedad de los problemas que surgen en torno a la inmigración ilegal crece por la falta de medios técnicos, dejando así sin efectividad leyes, normas y protocolos que se aprueban sin tener en cuenta que hay que facilitar los recursos necesarios a los responsables de llevarlas a cabo.
Las carencias afectan hasta a las herramientas para elaborar estadísticas fiables que permitan conocer con detalle el problema migratorio con el fin de plantear las soluciones más adecuadas.
Por desgracia, la falta de recursos es generalizada cuando observamos cualquier área relacionada con la Justicia. En este sentido, la Fiscalía andaluza, de la que dependen la Fiscalía de Málaga, que a su vez está en el organigrama por encima de la melillense, recoge varias deficiencias que ha detectado en nuestra ciudad. Uno de los problemas está relacionado con la informática, una herramienta que tenía que venir en ayuda del Ministerio Público y que en el caso del programa Fortuny V5.10 es uno de los quebraderos de cabeza de los fiscales. La Memoria de 2013 indica que la aplicación fue implantada en 2010 y tres años después no se utiliza de manera general por “la inseguridad derivada de las deficiencias observadas”.
También falta en nuestra ciudad un equipo técnico para atender a las víctimas de violencia de genero. La consecuencia de esta carencia es “un alto porcentaje de sentencias absolutorias o de sobreseimientos”.
En estas circunstancias, con tales carencias de recursos y con unos medios tan precarios, el oficio de fiscal queda grande para un simple licenciado en Derecho. Se adecúa más al perfil de un superhéroe que lucha en solitario contra toda clase de adversidades en su empeño por tratar de que se imponga la Justicia. Aún así, los fiscales muchas veces lo consiguen.
