Una segunda desaladora es muy necesaria para una ciudad como Melilla

Melilla necesita de forma imperiosa una segunda desalinizadora de agua. Y es así motivos que van más allá del propio suministro a los hogares. Una desaladora es, sin duda, una infraestructura estratégica, máxime para una ciudad que colinda geográficamente con un país como Marruecos, que últimamente no se comporta precisamente como un vecino pacífico y leal, sino todo lo contrario. La invasión de Ceuta, ocurrida los dos últimos días del pasado mes de julio, unida a otras circunstancias como las medidas para la asfixia económica de los melillenses o el vuelo de drones para molestar al tráfico aéreo, entre otras cuestiones, plantea la no descartable posibilidad de que Rabat quiera una escalada en su constante hostigamiento hacia Melilla.

Disponer de una única planta desaladora es correr un riesgo. Si a los marroquíes les da por tratar de boicotear de forma contundente a esta ciudad, cualquier sabotaje contra dicha instalación pública podría resultar fatal, dado que no existe, al menos por ahora, garantías de que el suministro pudiera mantenerse en el tiempo con una infraestructura fuera de juego, unos pozos agotados y un pantano de las Adelfas que no termina de entrar en la red por cuestiones inexplicables, que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La ciudad se vería abocada a tener que depender de la llegada por mar de ese agua tan imprescindible para la vida cotidiana de los melillenses. Eso tampoco podría ser una medida sine die por el elevado coste que supondría. En definitiva, la mejor respuesta no es otra que disponer de una segunda planta. Esta no solo sacaría a Melilla de un apuro ante cualquier acción de sabotaje sino que, además, permitiría disponer de 30.000 metros cúbicos de agua potable y reforzar de ese modo un suministro que, a todas luces, no es suficiente para garantizar que los grifos funcionen 24 horas diarias.

Por eso es importante que la Ciudad Autónoma se haya puesto las pilas y ya disponga del estudio previo para la puesta en marcha de este proyecto, que costaría unos 54 millones de euros, pero que sería la solución definitiva para un problema que afecta a miles de personas.