Ayer, al final del acto de constitución de la nueva Asamblea de Melilla, todos los grupos hicieron guiños a la necesidad de iniciar una nueva etapa política en la ciudad. CpM volvió a tender la mano al PP mientras que el PSOE también se sumó al carro de los buenos deseos aunque sin desaprovechar la ocasión para lanzar sus primeras críticas al futuro Gobierno de la Ciudad, al hilo de la anunciada reforma del Reglamento regulador del funcionamiento de la misma Asamblea.
Los ‘peros” del secretario general de los socialistas se producían porque el reelegido presidente, en una pequeña intervención a modo de colofón del mismo acto, no se detuvo en mayores aspectos que en la necesaria reforma del aludido Reglamento.
Lo hizo en un contexto claro, alusivo a la nueva Asamblea que por fin iba a ponerse a funcionar, como se sabe con casi un mes de retraso respecto de lo que hubiera sido normal, si CpM no hubiera terciado nuevamente con impugnaciones imposibles que, al final, no le sirven para otra cosa que el viejo recurso del pataleo.
En ese contexto sobre una Asamblea que en breve celebraría su primer Pleno y que en breve también pondría en marcha sus comisiones informativas, preceptivas para la participación de la oposición en las distintas áreas de Gobierno, Imbroda incidió en la reforma de un Reglamento que se ha demostrado insuficiente y poco equilibrado en su aplicación desde su aprobación hace siete años pero que también se ha utilizado como arma política desde el PP contra la nueva oposición, al albur de las apetencias de algunos grupos como el de Populares en Libertad.
De hecho, ayer, cuando el reelegido presidente anunciaba la misma y futura reforma, desde la representación del PPL en el mismo acto solemne se apuntaba por bajini que el interés real del PP era otro bien distinto al proclamado por Imbroda de agilizar el funcionamiento de la Asamblea y dotarla de mayor democracia y transparencia.
En el sordo sonsonete retumbaba la guerra abierta por el desequilibrado reparto de asesores por grupos políticos que, tal cual regula el Reglamento actual, asegura dos cargos de confianza bien remunerados a todos los grupos, incluidos los más minoritarios e integrados por sólo dos parlamentarios, caso de los de PSOE y PPL.
Teniendo en cuenta que hasta el último momento el partido de Velázquez ha intentado que su cabeza de lista, Julio Liarte, fuera el vicepresidente segundo de la Asamblea, a fin de posibilitarle una posición que le permitiera mejorar la situación económica a la que le aboca su participación en política, no es de extrañar que la reforma del mismo Reglamento parezca más un motivo de gresca que de concordia.
Sin embargo, sólo tendrá sentido si realmente sirve para el acercamiento y mejor funcionamiento de los grupos y para introducir un mayor equilibrio en todos los sentidos. Pues si bien resulta incongruente que un grupo de dos diputados tenga derecho al mismo número de asesores que un grupo de quince o seis, como son respectivamente los de PP y CpM, igual de incongruente es que la vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea tenga un sueldo por ocupar dicho puesto y que la segunda carezca de remuneración por sus funciones, en gran medida de suplencia de la primera y siempre de colaboración estrecha con ésta.
El Reglamento, invocado por Imbroda como un asunto a atajar con carácter prioritario en el nuevo mandato electoral, puede convertirse en símbolo de esa necesaria concordia que, por fin, destierre para siempre los modos enconados y personalistas que tanto dañan nuestra política local.
CpM hizo ayer un gesto que para muchos puede interpretarse como un reconocimiento expreso de su derrota, teniendo en cuenta que su finalmente desechado recurso ante el Constitucional estaría abocado al mismo fracaso que todas sus impugnaciones y anteriores recursos electorales contra los comicios del 22 de Mayo. No obstante, es preciso hacer borrón y cuenta nueva, porque en este enroque de grupos extremadamente enfrentados no vamos a ninguna parte.
El acto de ayer, desprovisto como viene sucediendo desde las elecciones de 2003 del discurso programático del presidente electo de la Ciudad, tiene más de solemne y formal que de político, aunque su sentido principal, como recordaba el socialista Muñoz, no sea otro que el puramente político. Como consecuencia de ello, ha quedado un tanto desvirtuado y de hecho resulta hasta paradójico que se vote a un candidato que previamente no ha expuesto cuáles serán sus principales líneas de actuación.
Cierto es que, frente a las formas, el efecto sería finalmente el mismo, porque la oposición, dijera lo que dijese Imbroda, en ningún caso lo votaría como presidente, mientras que su grupo, por la misma regla de tres, del mismo modo le brindaría su apoyo, con discurso previo o aplazado a un próximo día, como sucederá finalmente. A pesar de ello, no deja de ser singular, peculiar y, sin me apuran, poco apropiado, esta inversión de las formas en pro de un procedimiento mas presidencialista que puramente asambleario, en el que el rito y el escaparate institucional acaban primando sobre el necesario mensaje y compromiso que debe presidir la constitución de toda nueva Asamblea de la Ciudad.
