La Ley de Eficiencia de Justicia entra en vigor con "caos" en Melilla

El pasado 31 de diciembre entró en vigor con total plenitud en todo el territorio nacional la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada el 3 de enero.

Un cambio radical en la organización judicial que, por el momento, está generando "caos" en la administración de Justicia de Melilla, según manifestó a El Faro el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 y expresidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Germán Portillo.

Un caos que para el magistrado, se resume en una mala implementación de los protocolos de coordinación, así como en una escasez de personal.

"Se ha aprovechado para dejar en la calle a muchos funcionarios interinos".

Portillo ha querido poner el ejemplo de su área, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, donde denunció como los dos jueces de esta sección cuentan con la "exigua cantidad" de 3 funcionarios, uno de los cuales se encuentra actualmente de baja.

Por lo pronto, aseguró que se está trabajando para que se incremente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En definitiva, el juez Fernando Portillo ha denunciado la falta de protocolos aún pendientes de aprobación y la falta de personal.

"Esto pasa cuando se quiere llevar a cabo un cambio de gran envergadura a coste cero. Se hacen cambios en la nomenclatura y se mueve a gente de sitio, pero más allá de eso, no se consigue nada".

500 plazas

El Gobierno central ha anunciado la implementación de 500 plazas judiciales en este 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, con lo que la actual planta judicial crecerá un 8,5 % en un año.

Según ha informado este lunes el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; la distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un real decreto que comienza ahora su tramitación y que recogerá las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las comunidades autónomas y ministerios como los de Hacienda o Igualdad.

La distribución de las nuevas plazas se ha elaborado atendiendo a criterios como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del CGPJ y las propuestas de las propias comunidades y de los tribunales superiores de Justicia.

Así, teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

De las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) y el Supremo (3).

Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5 % en un solo año.

Según el Ministerio que dirige Félix Bolaños, se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año. Además, relaciona esta medida con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introdujo un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, recuerda Justicia, permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euros.

En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

Además de estas 500 plazas, sigue su tramitación parlamentaria el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años.

Las asociaciones de jueces han celebrado esta medida, aunque reclaman que estas se cubran por jueces y magistrados titulares y no a través de la estabilización de jueces sustitutos.