La juez pide a la Ciudad Autónoma que suspenda los pagos

La juez que instruye bajo secreto el procedimiento por la presunta trama de compra de votos en Melilla, ha pedido que la Ciudad Autónoma suspenda los pagos que tiene pendientes, según ha podido saber El Faro de fuentes bien informadas. El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla investiga actualmente las posibles vinculaciones entre el dinero usado en la supuesta compra de votos y los contratos realizados desde distintas consejerías del Gobierno melillense.

Nuestras fuentes han apuntado, asimismo, que la orden habría llegado al servicio de Intervención sobre las once de mañana, aproximadamente unas dos horas después de que funcionarios de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de la ciudad entregaran el auto judicial al presidente melillense, Eduardo de Castro. Éste inmediatamente firmó un Decreto mediante el que ordenaba a todos los funcionarios que atendieran los requerimientos policiales e hicieran entrega de la documentación que les fuera solicitada.

Entre esos funcionarios y altos cargos de las empresas públicas figuran los adscritos a los departamentos de Intervención, Tesorería y Secretaría General, además de las diferentes consejerías y los gerentes de las sociedades dependientes de la Ciudad Autónoma: Emvismesa, Inmusa, Promesa y Remesa.

La investigación del tema de la presunta compra de votos para las elecciones del pasado 28M ha sido asumida por la Fiscalía Especial Anticorrupción, según la decisión adoptada el pasado 25 de mayo por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz.

De acuerdo con el decreto del fiscal general del Estado, las investigaciones de la Policía ponen de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, que habría sido llevada a cabo “por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla” (CPM), el principal partido del Gobierno de Melilla en esta legislatura.

“La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CPM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”, agregó la Fiscalía General del Estado.

Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.