La falta de una definición clara sobre la continuidad de la bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social más allá de 2026 está generando una creciente preocupación en el tejido empresarial de Melilla. La medida, que actualmente está vinculada al Plan Integral, finaliza ese año y, a fecha de hoy, no existe confirmación oficial de que vaya a mantenerse en el tiempo, lo que está dificultando la planificación económica de las empresas y generando incertidumbre sobre el futuro.
Así lo ha manifestado José Benaim, empresario y miembro de la dirección de Pymes-Melilla, quien ha explicado que, tras los cambios que ha experimentado esta bonificación y los intentos previos de que desapareciera, su continuidad quedó supeditada al Plan Integral, cuya vigencia concluye en 2026. Sin embargo, ha señalado que, pese a las consultas realizadas por parte de los empresarios, no se ha trasladado ninguna previsión que garantice que esta ventaja se mantendrá durante los años siguientes.
Según ha explicado Benaim, esta situación está empezando a generar una inquietud creciente entre los empresarios, ya que impide proyectar la actividad económica más allá de diciembre de este año. El principal problema radica en que un eventual incremento de los costes de la Seguridad Social podría hacer inviables determinados proyectos empresariales, especialmente aquellos que requieren planificación a medio o largo plazo.
El empresario ha subrayado que esta incertidumbre afecta de manera directa a las empresas que deben realizar presupuestos con varios años de antelación. En el caso de obras o proyectos que pueden extenderse durante dos o tres años, los cálculos de costes de personal se realizan teniendo en cuenta las bonificaciones actuales. Si estas desaparecen a partir de enero de 2027, esos cálculos dejarían de ser válidos, lo que obligaría a renunciar a proyectos ya previstos o a no concurrir a determinadas licitaciones públicas.
En este contexto, Benaim ha afirmado que presupuestar cualquier iniciativa que vaya más allá de diciembre de 2026 resulta, en estos momentos, prácticamente irrealizable. La imposibilidad de garantizar la estabilidad de los costes laborales introduce un nivel de riesgo que muchas empresas no pueden asumir, lo que frena la toma de decisiones y paraliza nuevos proyectos.
La preocupación no se limita únicamente a las empresas ya implantadas en Melilla. Según ha explicado el miembro de Pymes-Melilla, esta indefinición también afecta de lleno a los esfuerzos que se están realizando para atraer nuevas empresas a la ciudad. "Cuando se trabaja con compañías interesadas en instalarse en Melilla, es necesario ofrecer información clara y precisa sobre las condiciones económicas y fiscales del territorio", manifestó.
Sin embargo, en estos momentos, los empresarios se ven obligados a reconocer que no pueden garantizar la continuidad de un elemento tan relevante como la bonificación a la Seguridad Social. Esta situación introduce una duda importante para las empresas que valoran instalarse en la ciudad, ya que uno de los principales atractivos del régimen económico especial de Melilla es, precisamente, la combinación de beneficios fiscales y bonificaciones en los costes laborales.
Desde el punto de vista empresarial, la bonificación a la Seguridad Social es considerada una de las piezas clave para compensar las desventajas derivadas de la ubicación geográfica de Melilla fuera del territorio peninsular. Estos incentivos permiten eludir parte de los sobrecostes que supone operar en un territorio extrapeninsular y son determinantes para la viabilidad de muchos proyectos empresariales.
Benaim ha advertido de que la posible pérdida de esta bonificación supondría una merma importante de las ventajas que se presentan a empresas nacionales e internacionales interesadas en instalarse en la ciudad. Además, ha señalado que la falta de garantías genera una sensación de inseguridad que dificulta la planificación empresarial. Una empresa, ha indicado, no puede proyectarse con un horizonte de apenas ocho o diez meses, sino que necesita una perspectiva de varios años para consolidar su actividad.
En cuanto al impacto en el empleo, el empresario ha alertado de que un aumento significativo de los costes de la Seguridad Social podría tener consecuencias directas. "En un contexto en el que muchas empresas ya operan con márgenes muy ajustados, una subida de los costes laborales podría obligar a realizar ajustes, incluyendo despidos, o, en el mejor de los casos, a frenar la contratación de nuevo personal", indicó.
Asimismo, manifestó que esta situación puede afectar a la implantación de nuevas empresas en Melilla. Según ha explicado Benaim, si una compañía percibe que no puede proyectar su actividad durante un periodo mínimo de cinco o diez años debido a la falta de estabilidad en las condiciones económicas, es probable que termine descartando la ciudad como destino de inversión. Esta inseguridad puede pesar más que las ventajas fiscales existentes a corto plazo.
Como antecedente reciente, el secretario de Estado ha respondido a la preocupación empresarial asegurando que las bonificaciones correspondientes a 2026 están garantizadas y que esta demanda será trasladada al ministerio correspondiente. No obstante, estas declaraciones no han aclarado qué ocurrirá una vez finalice el Plan Integral, por lo que las dudas sobre el futuro siguen abiertas.
Para el tejido empresarial local, la ausencia de una definición clara sobre la continuidad de la bonificación mantiene un escenario de incertidumbre que afecta a la economía de la ciudad, al empleo y a la capacidad de Melilla para atraer y retener empresas. Mientras no se concrete un marco estable más allá de 2026, las empresas continúan condicionadas por una falta de previsión que dificulta la planificación y el desarrollo de proyectos a medio y largo plazo.
