La huelga de facultativos registra un 9% de seguimiento en su tercera jornada

La convocatoria de huelga de cuatro días (del 9 al 12 de diciembre) para el personal facultativo del Sistema Nacional de Salud ha sido seguida en la jornada de ayer, jueves 11 de diciembre, en los centros e instituciones dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa),  por un máximo del 9% de convocados, cifra que se alcanzó en el turno de mañana. Nuevamente, el paro registró un 0% de seguimiento en los turnos de tarde y de noche.

Como todos los medios de comunicación saben, cada vez que se produce una convocatoria de huelga –fenómeno nada infrecuente en el Sistema Nacional de Salud- que incluye al Ingesa, este Instituto informa de su incidencia y seguimiento en sus propios centros, y siempre de la misma forma, con pulcritud objetiva: se facilita el dato concreto y exacto del número de trabajadores/as convocados/as y el número, igualmente concreto y exacto de quienes han secundado la convocatoria en cada jornada y horario. El porcentaje de seguimiento no es sino el resultado aritmético de una sencillísima división a partir de ambos factores. No cabe mayor ejercicio de objetiva transparencia.

Aun debiendo ser innecesario, resulta desalentador tener que insistir en la obviedad de que el Ingesa no es responsable del seguimiento de una u otra convocatoria, ni de su “éxito” ni de su “fracaso”, mídanse éstos como se midan: tal mérito, o culpa, le corresponde exclusivamente a los promotores de cada convocatoria, a su buen o mal hacer, sin que el resto de personas, ciudadanos o Administraciones, debamos soportar su frustración ante el incumplimiento de sus expectativas privadas o intereses particulares.

El Ingesa, como corresponde, respeta absolutamente el derecho de cada cual a seguir una convocatoria de huelga, o a no hacerlo. El Ingesa no pregunta con antelación a sus empleados si la van a secundar, pues ello podría interpretarse como obstaculización al libre ejercicio de la decisión personal de cada cual; lo que el Ingesa hace, como es legalmente obligado, y de forma ejemplar, es el control, diario, directa y personalmente, de la asistencia a cada puesto de trabajo al inicio de cada turno. A quienes no acuden a su puesto en un día y horario amparado por la convocatoria de huelga se les computa por tal ausencia como personas que la secundan y se procede al descuento de las retribuciones correspondientes por dicha inasistencia (legal) al trabajo. Y ese es el dato que se hace público, sin aditamento ni retoque alguno.

Del de huelguistas que se ha señalado, el Área Sanitaria de Ceuta ha registrado 22 facultativos en huelga de los 247 convocados; y el Área Sanitaria de Melilla ha registrado 14 personas en huelga de 267 convocadas, todas ellas en el turno de mañana. En el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, un día más, el seguimiento ha sido del 0% con 11 facultativos llamados a los paros.

Como se ha podido observar en ésta y en las múltiples convocatorias de huelgas anteriores, convocadas para diferentes ámbitos y colectivos por numerosas y muy variadas organizaciones sindicales, el nivel de seguimiento en las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla es muy reducido. Y es que el denominador común de todas ellas en los centros e instituciones sanitarias dependientes del Ingesa es su escasísimo seguimiento; así las habidas durante el año en curso se han situado, en general, entre el 1% y el 2%. La convocatoria que ha acreditado un mayor seguimiento ha sido la dirigida a los Técnicos Superiores, entre los pasados días 30 de octubre y 3 de noviembre, la cual alcanzó un pico máximo del 10% (9 personas) manteniéndose en un rango de entre el 0% y el 3% el resto de las jornadas de dicha convocatoria.

La presente convocatoria de huelga es ajena al ámbito competencial del Ingesa. Se dirige a los facultativos, es decir, graduados sanitarios (en Medicina, Farmacia, Biología, etc.) que desarrollan su labor en el Sistema Nacional de Salud. Se trata de una convocatoria a nivel estatal de dos sindicatos corporativos: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). El motivo declarado es su disconformidad con el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que se halla actualmente en la fase previa a su envío al Congreso de los Diputados para ser tramitado como Proyecto de Ley. Esos sindicatos consideran que algunas  categorías profesionales, las suyas, deben recibir un trato diferente y privilegiado respecto de los demás profesionales mediante una norma propia y distinta de la  Ley que rige las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios, cual es el Estatuto Marco. Por su parte, el resto de organizaciones sindicales se oponen a quebrar el principio de una única Ley para organizar coherente y ordenadamente todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

En todo caso, tal y como se ha indicado, es notorio que el Ingesa no elabora ni aprueba las leyes, ello le compte al poder legislativo (Congreso de los Diputados y Senado), de forma que el Ingesa, obviamente, no dispone de capacidad alguna para decidir respecto de la petición de los convocantes de recibir un trato preferente respecto del resto de empleados públicos del sistema Nacional de Salud.

Al igual que el martes 9 y el miércoles 10, la actividad asistencial y no asistencial en todos los centros e instituciones sanitarias dependientes del Ingesa, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, ha transcurrido sin sobresaltos, más allá de la afectación inherente a un seguimeinto del 9% en uno de los tres turnos diarios.

En todo caso, el Ingesa lamenta cualquier molestia, por leve que fuera, que pudiera haberse causado a las y los usuarios del sistema público de salud como consecuencia del legítimo ejercicio de su derecho de huelga por quienes han optado por secundar esta convocatoria; igualmente, como es pertinente (el ejercicio del derecho de huelga implica la suspensión voluntaria del nombramiento o contrato de trabajo), en la nómina de los meses afectados se procederá a practicar el correspondiente descuento de haberes a las personas que hayan optado por ejercer su derecho fundamental de huelga.