Categorías: Tribunales y Justicia

La Guardia Civil y Aduanas declaran que sólo vieron indicios de blanqueo

El juicio contra un matrimonio melillense quedará visto para sentencia hoy. La Fiscalía insiste en unos ingresos de dos millones de euros sin justificar. La defensa pedirá la absolución.

El juicio contra un matrimonio melillense acusado de cometer un supuesto delito continuado de blanqueo de capitales quedará visto para sentencia hoy, tras la comparecencia del perito y las conclusiones de la Fiscalía y la defensa. En el día de ayer se inició el juicio oral con la pareja, formada por HMM y MGR, en el banquillo de los acusados. Ambos se enfrentan a una pena de seis años de prisión y cuatro millones de euros de multa, que es lo que pide el Ministerio Público para cada uno. Dos guardias civiles y dos funcionarios de Vigilancia Aduanera y el asesor fiscal del matrimionio declararon en la sesión de ayer en calidad de testigos.
El atestado elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla con fecha de 15 de junio de 2007 y el realizado por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera iniciado el 9 de septiembre de 2005 únicamente presentan indicios de blanqueo de capitales por parte de este matrimonio. Así lo afirmaron, los dos guardias civiles en su declaración y los dos funcionarios de Vigilancia Aduanera.

El informe de la Guardia Civil

Los agentes de la Benemérita explicaron a la fiscal que fueron requeridos en 2007 para elaborar un informe patrimonial del matrimonio. En el transcurso de este trabajo vieron indicios de un supuesto delito de blanqueo de capitales, a tenor de las prácticas habituales que denotan en estos casos esta práctica delictiva, tales como realizar ingresos inferiores a 3.000 euros, la creación de sociedades empresariales, utilización de testaferros y compra venta de inmuebles. Uno de los guardias civiles aseguró que no se investigó el posible origen ilícito de las cantidades de dinero en efectivo que se ingresaron en hasta 17 cuentas en diferentes entidades bancarias, pues ése no era el objetivo de la orden que habían recibido para elaborar el informe patrimonial.
Lo que sí resaltaron ambos agentes del Instituto Armado es que les resultó “llamativo e infrecuente” el volumen de negocio e ingresos en efectivo que se registraba en una de las empresas a nombre de la esposa (MGR), para el tamaño de la sociedad en sí. Pero este argumento se basaba, tal y como aseguraron, en un programa informático en Internet que compara estos parámetros entre empresas cuya actividad se enmarca en el territorio nacional.
Ambos testimonios destacaron que en algo más de cuatro años, las dos empresas de la mujer, sin experiencia laboral alguna, habían movido una gran cantidad de dinero en efectivo, (cerca de dos millones de euros), sin justificar, mientras que su marido había “desaparecido” de la actividad empresarial. El 90% de ese dinero se había ingresado en las cuentas bancarias en efectivo y casi siempre en cantidades menores de 3.000 euros, salvo en una de ellas que superaba los 8.000.

El informe de Vigilancia Aduanera

Por su parte, uno de los funcionarios de Vigilancia Aduanera defendió el atestado que elaboró con uno de sus compañeros. En él pusieron de relieve que entre los años investigados, desde 1999 y 2006, el matrimonio adquirió seis fincas, ocho vehículos y dos embarcaciones. Las características de una de ellas coincide con la tipología de embarcación que se utilizan en operaciones de narcotráfico en el ámbito de Andalucía, un argumento que Vigilancia Aduanera utilizó en la elaboración de su atestado para justificar los indicios encontrados, a su juicio, de la posible existencia de un delito de blanqueo. Además, este funcionario afirmó conocer la detención del marido (HMM), por un presunto delito contra la salud pública en el año 1999, por lo que quedaba, en su opinión, argumentado el atestado que realizaron.
La defensa de los acusados insistió en que ambas investigaciones se realizaron sin contar con la asistencia y asesoramiento de expertos para las consultas hechas en las entidades bancarias, en el Registro de la Propiedad, el Catastro, la Agencia Tributaria y Aduanas, entre otras instancias, por lo que afirmó que de esta forma los argumentos dados en ambos atestados no están contrastados y se basan en “conclusiones bajo el particular criterio” de los agentes y funcionarios que ayer testificaron.

El testimonio del asesor

Una de las últimas comparecencias fue la del asesor fiscal de los acusados, a quienes prestó sus servicios, según declaró, desde mediados de los años 80 hasta hace aproximadamente un año. Éste afirmó que la mujer era la que regularmente acudía a su oficina para entregarle facturas y los movimientos bancarios que se realizaban en las dos empresas de las que era titular y administradora única. El asesor corroboró la versión de MGR y afirmó que era una práctica habitual de las empresas de Melilla no realizar facturas a sus clientes marroquíes, puesto que éstos no las solicitaban. Las preguntas del Ministerio Público sobre el balance de resultados de las empresas de la acusada entre los años 2002 y 2005 no obtuvo una respuesta concluyente por parte del asesor, puesto que con el paso de los años, dijo no poder concretar si las cuentas cuadraban o no.  Sí afirmó que todas las mercancías que las empresas de la acusada importaba de la península pasaban necesariamente por Aduanas, con lo que tendrían su justificación documental, pero que en algunos casos, MGR no aportaba esta documentación.
No obstante, aclaró que su labor como asesor fiscal y contable él contaba con los movimientos bancarios de las cuentas de las dos empresas por lo que ahí quedaban reflejados los pagos a Aduanas, Aforos y a los proveedores y demás.
El asesor, preguntado por la defensa del matrimonio, afirmó que todas las mercancías tenían su correspondiente despacho aduanero y que los pagos y los ingresos iban parejos.
La defensa preguntó si en algún momento sus clientes fueron sancionados administrativamente por una mala contabilidad, hecho que negó el asesor.

El acusado niega su vinculación al narcotráfico

La Fiscalía sacó a la luz la detención de HMM en 1999 por un presunto delito contra la salud pública, del que se conoció la condena por parte de la Audiencia Provincial el pasado 2008.
HMM negó estar relacionado con cualquier organización de tráfico de drogas y aseguró que aceptó declararse culpable por el acuerdo al que llegó el que era su abogado en la causa referida por la fiscal. El acusado aseguró que hasta el cese de una de las empresas que creó, enmarcada en el sector náutico, había cotizado doce años seguidos como transportista.
En el momento en el que su esposa creó dos empresas, una dedicada al comercio de electrodomésticos y otra a los transportes, fue colaborador activo en ambas, pero la contabilidad la llevaba la mujer MGR. La defensa de la pareja puso de relieve que nunca se ha sometido al matrimonio o sus empresas a una inspección fiscal ni infracción administrativa.

De ama de casa a empresaria

El interrogatorio de la fiscal a la mujer incidió en el hecho de que hasta 2002, MGR había sido ama de casa y en ese año constituyó dos empresas. Ésta aseguró que la una de ellas fue creada con un préstamo de sus padres y aseguró que la fiscalidad de ambas sociedades las llevaba su asesor y ella únicamente se ocupaba de realizar los ingresos de dinero en las cuentas para pagar a proveedores. Su marido se encargaba de buscar clientes en Marruecos, tal y como afirmaron ambos en sus respectivas comparecencias.
La Fiscalía preguntó por cada uno de los ingresos en efectivo no justificados en las 17 cuentas en las que MGR aparecía como titular, pero no consiguió una respuesta concluyente por parte de la acusada. Debido a que los hechos se refieren a hace más de diez años la respuesta era siempre la misma “no recuerdo”. MGR aseguró que los ingresos se hacían para el pago a los proveedores y que el dinero provenía de las ventas. La acusada explicó que la ausencia de documentación en la mayoría de las ocasiones se debe a que sus clientes procedentes de Marruecos no solicitan factura y pagan al contado. Es una práctica habitual en Melilla por su situación fronteriza, dijo.

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