La Delegación del Gobierno ha resaltado este viernes los avances alcanzados en España en materia de igualdad entre mujeres y hombres con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una fecha que sirve para reafirmar el compromiso institucional con la igualdad real, la erradicación de la violencia de género y la garantía de la autonomía de las mujeres.
Según se recoge en la declaración institucional difundida con motivo de esta jornada, la conmemoración se produce en un contexto internacional marcado por persistentes desigualdades de género y por el impacto que los conflictos armados tienen sobre mujeres y niñas. Situaciones como las restricciones a los derechos fundamentales en Afganistán o las consecuencias de guerras como la de Ucrania evidencian cómo los conflictos agravan la vulnerabilidad de las mujeres en diferentes regiones del mundo.
A escala global, el documento recuerda que ningún país ha alcanzado todavía la igualdad jurídica plena. De acuerdo con los datos señalados por ONU Mujeres, las mujeres cuentan aproximadamente con el 64% de los derechos reconocidos a los hombres, lo que limita su acceso a ámbitos como la propiedad, el empleo, la autonomía económica o la participación en la vida pública.
En este contexto, la Delegación del Gobierno subraya el recorrido realizado por España durante décadas de democracia para consolidar un marco normativo orientado a garantizar la igualdad de género. Entre las medidas adoptadas en los últimos años se mencionan políticas destinadas a reducir desigualdades laborales y económicas que afectan especialmente a las mujeres.
Entre ellas figuran la revalorización de las pensiones, la reforma laboral orientada a reducir la temporalidad y el incremento del salario mínimo interprofesional, iniciativas que han tenido impacto en sectores con elevada presencia femenina.
Asimismo, el documento destaca el impulso de instrumentos para promover la igualdad en el ámbito laboral, como la extensión de los planes de igualdad en empresas, el refuerzo de la transparencia retributiva y el desarrollo de políticas de corresponsabilidad. En este sentido, se subraya la implantación de permisos por nacimiento iguales e intransferibles, una medida que busca equilibrar las responsabilidades de cuidado y garantizar derechos similares en distintos modelos familiares.
Las actuaciones institucionales también se han dirigido a reforzar la lucha contra la violencia de género. La renovación del Pacto de Estado ha permitido actualizar compromisos y fortalecer la respuesta institucional frente a distintas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo aquellas que afectan a menores o que se producen en entornos digitales.
El balance de estas políticas, según la declaración institucional, se refleja en diversos indicadores. España ha alcanzado cifras récord de empleo femenino, con más de diez millones de mujeres ocupadas, mientras que la brecha salarial de género se ha reducido hasta el 15,7%, el nivel más bajo de la serie histórica. En el caso del trabajo a tiempo completo, esta diferencia se sitúa en el 4,9%.
También se ha producido un incremento de la presencia femenina en puestos de responsabilidad. En 2025, las mujeres ocupaban el 47,6% de los altos cargos de la Administración General del Estado, el 40% de los puestos en los consejos de administración de empresas del IBEX-35 y alrededor del 32% de la carrera diplomática.
Además, España se sitúa en el cuarto puesto del Índice Europeo de Igualdad de Género, con una puntuación 7,5 puntos superior a la media comunitaria, especialmente en el ámbito del poder y la toma de decisiones.
Pese a estos avances, el documento reconoce que persisten desafíos relacionados con la corresponsabilidad en los cuidados, la estabilidad laboral y la necesidad de reforzar los sistemas públicos de atención. También advierte sobre el impacto de nuevas formas de violencia machista vinculadas al entorno digital, que afectan especialmente a niñas y adolescentes.
En este contexto, el Gobierno reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como con el impulso de instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
La declaración institucional también reconoce el papel del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres en el avance de los derechos y en la transformación social hacia una sociedad más igualitaria.