Los empresarios citados como investigados en el marco del caso Santiago-Rusadir comparecieron este pasado jueves ante la jueza instructora en Melilla sin que se acordaran medidas cautelares contra ellos. Algunos optaron por responder únicamente a las preguntas formuladas por sus abogados, mientras que otros decidieron acogerse a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial.
En total, doce empresarios habían sido llamados a declarar como investigados dentro de esta causa judicial que analiza posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Las comparecencias forman parte de una de las líneas de investigación abiertas dentro de este procedimiento que continúa en fase de instrucción.
La investigación se centra en la participación de estos empresarios en distintos procedimientos administrativos relacionados con contratos de la Administración. Según las pesquisas, varios de ellos habrían recibido numerosas invitaciones para presentar ofertas en procesos de contratación pública.
Las preguntas formuladas durante las declaraciones giraron en gran medida en torno a un mismo aspecto: las razones por las que estos empresarios no respondieron a muchas de esas invitaciones para participar en contratos públicos.
De acuerdo con la investigación, algunos de ellos llegaron a recibir una decena o incluso más de veinte ofertas para concurrir a determinados contratos. Sin embargo, en muchos casos estas invitaciones no fueron respondidas o fueron rechazadas.
La Policía y la jueza instructora tratan de esclarecer si esta circunstancia pudo responder a una actuación previamente concertada para que las adjudicaciones recayeran finalmente en otras empresas.
Según la hipótesis que manejan los investigadores, algunos empresarios podrían haber figurado en los expedientes administrativos de contratación con el objetivo de completar los procedimientos, mientras que las adjudicaciones terminarían recayendo en otros licitadores.
Durante sus comparecencias ante la jueza, los empresarios investigados ofrecieron distintas explicaciones sobre los motivos por los que no respondieron a las invitaciones recibidas para concurrir a esos contratos.
Entre las razones expuestas figura que algunas de las ofertas no resultaban de su interés, que no disponían de tiempo suficiente para preparar las propuestas o que en determinados momentos habían dejado de trabajar con la Administración pública.
Las declaraciones reflejaron también distintas estrategias procesales por parte de los investigados. Algunos respondieron únicamente a las preguntas planteadas por sus abogados, mientras que otros optaron por acogerse a su derecho a no declarar.
Según las fuentes consultadas por El Faro de Melilla, estos empresarios están considerados dentro de la investigación como el nivel más bajo de la supuesta estructura investigada y que ha sido calificada como una "organización criminal" por la juez instructora.
Todos ellos ya habían sido interrogados anteriormente en sede policial. En concreto, prestaron declaración hace aproximadamente dos años en la Jefatura Superior de Policía de Melilla en el marco de las diligencias policiales que dieron origen al procedimiento judicial.
El caso Santiago-Rusadir constituye una de las investigaciones judiciales más amplias relacionadas con la contratación pública en Melilla. La causa se encuentra dividida en cinco piezas separadas, cada una de ellas centrada en diferentes aspectos de los contratos y de los procedimientos administrativos que están siendo analizados.
El objetivo de la investigación es esclarecer si pudo existir un sistema organizado para influir en los procesos de adjudicación de contratos públicos vinculados a distintas áreas de la Administración.
Entre las supuestas irregularidades detectadas en los contratos menores que están bajo investigación se encuentran una inconcreción presupuestaria; falta de competencias de la Consejería de Distritos para hacer obras; ausencia de justificación; el uso de facturas genéricas y falta de publicidad y plazos muy cortos para la licitación, algunos de solo 24 horas.
Dentro de estas diligencias también figuran como investigados responsables políticos vinculados a Coalición por Melilla (CpM). Entre ellos se encuentran exconsejeros del Gobierno local y el presidente de esta formación política.
En el marco del procedimiento se investigan posibles delitos relacionados con la gestión de contratos públicos y con la tramitación de expedientes administrativos vinculados a estos procesos de contratación.
Las distintas piezas abiertas dentro del caso analizan diferentes actuaciones relacionadas con esos procedimientos y buscan determinar si pudieron producirse irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Entre las líneas de investigación abiertas en la causa se encuentra también la relacionada con el interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla.
La jueza instructora acordó iniciar diligencias para analizar su posible papel en algunos de los expedientes administrativos que forman parte de la investigación.
La intervención municipal desempeña una función esencial en el control y la fiscalización del gasto público, por lo que la investigación pretende esclarecer si su actuación en determinados expedientes se ajustó a las funciones que le corresponden dentro de los procedimientos administrativos.
Esta línea de investigación se integra dentro de una de las piezas separadas del caso y forma parte de las diligencias que continúan desarrollándose en la fase de instrucción.
El procedimiento judicial del caso Santiago-Rusadir continúa abierto y, por el momento, no existe una fecha fijada para la finalización de la instrucción.
Las distintas piezas que componen la causa siguen avanzando con la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la toma de declaración de investigados y testigos, así como el análisis de documentación relacionada con los contratos que están siendo objeto de investigación.
Las declaraciones de los empresarios celebradas esta semana se enmarcan en este proceso de recopilación de testimonios y pruebas con el que la instructora trata de esclarecer el funcionamiento de los procedimientos de contratación que están siendo analizados.
Mientras tanto, la investigación continúa su curso con varias líneas abiertas y con nuevas actuaciones previstas dentro de las distintas piezas que integran el caso Santiago-Rusadir.