La contingencia migratoria, al rescate de las autonomías

La contingencia migratoria es una figura recogida en el nuevo Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y con la que se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados de menores migrantes no acompañados entre autonomías.

El Partido Popular (PP) ya había expresado en diversas ocasiones su rechazo a este Real Decreto, pero casualmente el primero que ha solicitado al Estado declarar la situación de contingencia migratoria ha sido el Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria.

Sin embargo, varias autonomías gobernadas por el PP ya han anunciado también que se acogerán a esta prebenda. Una de ellas es Baleares, gobernada por Margalida Prohens, que pedirá entrar en contingencia migratoria para evitar la acogida de menores pese a no triplicar su capacidad.

Tanto Canarias como Ceuta pueden pedir la declaración de contingencia de acuerdo al decreto, que establece la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de cada comunidad autónoma y autoriza a hacer esta solicitud a los territorios cuyo sistema triplique la capacidad.

En el caso de Melilla, que, según la ley, ya publicada en el BOE, puede acoger a 28 menores, las cifras son mucho mayores, puesto que hay, de acuerdo con la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, 175 menores más de lo que debería ser. Por ello, ha pedido soluciones estructurales más allá del Real Decreto.

No coincide, como era de esperar, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, para quien este nuevo reparto beneficiará a Melilla, ya que, según ella, “garantiza una respuesta estructural y solidaria”.

Pero el caso es que no se pueden descartar más recursos de otras autonomías, y el Gobierno central ya se ha apresurado a decir por boca del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que estos recursos no tienen recorrido, algo que, en todo caso, debería decidir un juez.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño, ha ido más lejos todavía ha amenazado con consecuencias a aquellas autonomías que incumplan la ley.

En un avispero como este, bien habría hecho el Ejecutivo central en andarse con pies de plomo y haber tratado con mucho más ímpetu de llegar a un acuerdo con todas las autonomías y no favorecer a ninguna, por mucho que se llamen Cataluña o País Vasco. Ahora, nadie sabe cómo acabará esto.