La Ciudad lleva a los tribunales a un empresario por una gran deuda de IPSI

La Ciudad Autónoma ha decidido remitir a la Fiscalía el caso de un empresario por la gran deuda que mantiene con el IPSI y que podría llegar, según distintas fuentes consultadas por El Faro, a un millón de euros. Este individuo compró las grandes agencias de transporte de Melilla (Melilla Express, Cabo Express , Transportes López Almendáriz, y Agencia Mérida) "a buen precio" y, según distintas fuentes, cobraba el IPSI a sus clientes pero en ningún caso lo ingresaba en las oficinas de Aforo, lo cual hizo que se acumulara una deuda que ya tendría un valor de un millón de euros.

Según las mismas fuentes, la Ciudad establece un aval para cada empresa de transporte o agente de aduanas es de 10.000 euros. Al ser cuatro empresas, esa cantidad asciende a 40.000 euros, que establecerían, en ese sentido, el tope máximo de deuda. Por eso hay quien se pregunta "cómo es posible que se haya superado por mucho" el citado límite. Tan es así que la Consejería de Hacienda ha tomado la decisión de plantear este problema ante la Fiscalía y haya entrado ya en vía judicial. Igualmente, se le ha paralizado a la empresa en cuestión que pueda despachar mercancías.

El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, confirmó a El Faro que efectivamente se encontró con este problema cuando accedió a la Consejería en el mes de julio pasado. Ante la gravedad de la situación, optó por plantear el conflicto ante los tribunales con el fin de que salde de alguna manera la deuda causada en el pago del IPSI de importación.

El caso es que hay cientos de comerciantes afectados por este problema. Ellos pagaron el IPSI a la empresa en cuestión pero les está llegando la reclamación de cantidad desde el servicio de Aforos porque no consta que se haya ingresado el importe de la mercancía que han traído a Melilla. Además, se da la circunstancia de que hace meses que este tema está sobre la mesa y hay negocios a los que se reclaman miles de euros que ya habrían abonado a ese empresario sin que se ingresara en las arcas públicas.

Hay comerciantes que están pensando en crear una plataforma de afectados porque entienden "que no se pueden permitir ese tipo de acciones" por parte de la transportista. Asimismo, le recuerdan a la Ciudad Autónoma que existe un convenio en el que se especifica que la responsable de ingresar el IPSI es la empresa de transporte, razón por la que piden la paralización del envío de las notificaciones de pago.

Otras agencias de transporte también se sienten perjudicadas por lo que ha sucedido con este individuo. "Los clientes ya no van a confiar en nosotros", se lamentan, al tiempo que echan en falta que ni el Colegio de Agentes de Aduana, las asociaciones de comerciantes o la propia patronal reunida en la CEME no se hayan pronunciado ante este conflicto de tan gran magnitud en Melilla.