La Ciudad gasta decenas de millones en pagar competencias que son del Estado

La Ciudad Autónoma de Melilla lleva ya mucho tiempo haciéndose cargo del pago de servicios cuya gestión corresponde en exclusiva al Gobierno de España. Y no es que sean uno o dos millones, sino que la suma global casi llega a 20 millones de euros anuales, solo contando con asuntos como la contratación de los técnicos de infantil, la enfermería para los centros educativos, el aumento de titulaciones y ampliación de la infraestructura universitaria, la ayuda a domicilio, el copago farmacéutico para pensionistas vulnerables y un largo etcétera que incluye los bonos turísticos, entre otros temas.

El presidente Imbroda ha señalado en tal sentido que la Ciudad se ve obligada a financiar esos servicios porque el Estado, que sería el responsable de poner el dinero, tiene abandonada Melilla. Recordó que no solo no hay financiación suficiente sino que, además, nada más llegar al Gobierno en 2018, Pedro Sánchez eliminó de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los 300 millones consignados ese año para la ampliación del puerto.

Por eso Imbroda se mostró crítico no solo con el Ejecutivo en Madrid sino también con su delegada en Melilla por no plantear en la mesa de Sánchez las necesidades que tiene esta ciudad, principalmente en lo que se refiere a los planes de reconversión económica con el desarrollo de sus tres líneas estratégicas, que configuran el nuevo modelo productivo: turismo, tecnología y universidad.

El caso es que la situación melillense requiere de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos, que comprendan que se trata de beneficiar a la ciudad, que a veces es necesario dejar a un lado las siglas y ponerse las pilas desde el consenso y el cumplimiento de los compromisos que se adquieran. El choque permanente no trae nada bueno para los ciudadanos y los agravios entre las dos ciudades norteafricanas tampoco es que contribuya a calmar los ánimos.

No es que la equidistancia deba ser un criterio a la hora de abordar la crítica política; en absoluto. Cada parte debe ser consecuente con la responsabilidad y las competencias que le son propias. Por eso no vale meter a todos en el mismo saco, algo muy propio de los partidos de la oposición en la Asamblea, tal vez por ese prurito de mantenerse en el medio, sin enfadar principalmente al PSOE por eso de que quizás puedan ser socios si no hay mayoría absoluta del PP en 2027.