El presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, lamentó ayer que la Ley de Contratos del Estado “ampare” a constructoras que licitan a la baja y que luego “chantajean” a las administraciones para conseguir más dinero para terminar las obras. Así es como ve el caso del instituto del Jardín Valenciano, que lleva parado un mes porque la empresa adjudicataria ha solicitado 2 millones más para seguir con los trabajos.
Imbroda subrayó que es preciso cambiar esta ley porque cualquier constructora que ofrezca una propuesta muy baja pero que justifique por escrito que cuenta con materiales y recursos se puede quedar con dicho proyecto y luego solicitar más dinero cuando ya esté empezada la obra.
El presidente de la Ciudad afirmó que si un técnico aprueba ese incremento en el presupuesto, se le detendría. Por lo tanto, lo único que puede hacer el Ministerio de Educación es sancionar a la empresa si vuelve a retomar los trabajos, rescindir el contrato o llevarla a los tribunales. Sin embargo, para Imbroda esto último supondrá una “procesión itinerante en los juzgados”. “Es una barbaridad lo que se está produciendo”, añadió.
Imbroda explicó que esta situación “fastidia” a todos los ciudadanos a pesar de que los proyectos están bien hechos.
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