La Ciudad Autónoma estudiará la posibilidad de emprender acciones legales contra el dueño de Logistic Express, detenido hace unos días por la Guardia Civil en Gran Canarias y como presunto responsable de defraudar 800.000 euros a la Administración melillense. El empresario, que compró cuatro agencias de transporte de Melilla, cobraba el IPSI a sus clientes pero posteriormente no los liquidaba con el organismo público correspondiente.
El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha manifestado este viernes que fueron precisamente ellos quienes denunciaron la situación ante la Fiscalía y apuntó que ahora serán las autoridades judiciales quienes determinen la responsabilidad que corresponda a este empresario, de origen alemán. Por ahora, aseguró, la Consejería no ha recibido comunicación alguna sobre el proceso judicial.
"Nosotros somos denunciantes y en la medida en que también somos perjudicados como administración, adoptaremos las medidas legales que correspondan", anunció Conesa quien añadió que todavía no se les ha dado la posibilidad de intervenir en el procedimiento judicial.
"Por ahora no alcanzo a saber cuáles son las acciones que nos pudieran corresponder pero ya se verá cuando llegue el momento procesal oportuno, siempre respetando la presunción de inocencia", comentó.
Y es que la Consejería de Hacienda presentó la denuncia porque entendía que se estaba produciendo una "mala praxis" por parte de la empresa, que Daniel Conesa no quiso personalizar y cuyo devenir ha conocido a través de las informaciones públicas proporcionadas por la Guardia Civil. "Esperaremos a ver cómo acaba todo esto".
Por otra parte, preguntado acerca de si se mantienen los mismos sistemas de recaudación del IPSI que existían entonces, Conesa respondió que no ha habido cambios. "Estamos en fase de repensada todavía en el sentido de que el elemento distorsionador que había era éste y ha desaparecido", incidió.
No en vano, cuando se conoció públicamente lo que estaba sucediendo con el pago del IPSI por parte de esta empresa, el consejero popular dijo que se "había roto" el acuerdo de confianza mutua que existía con los agentes de aduanas y, en consecuencia, se arbitraría algún nuevo sistema de liquidación.
Por ahora, sin embargo, este área de Hacienda "está trabajando igual" que antes de que sucediera el problerma con este empresario. "Seguimos igual con el resto de las empresas, que funcionan bien y que son mayoría. Es una pena que cuatro empresas importantes en este sector de Melilla se haya visto envueltas en toda esta situación", lamentó el consejero.
El empresario en cuestión está también denunciado por los trabajadores de los negocios que adquirió en Melilla y que reunió en torno a la marca Logistic Express. La práctica totalidad de las plantillas estuvieron meses sin cobrar sus nóminas y fueron despedidas sin que se les abonara el correspondiente finiquito. De hecho, el tema se verá a partir de marzo de 2025 en el Juzgado de lo Social de nuestra ciudad.
Los datos aportados por la Guardia Civil, además, establecen que son 2.000 los afectados por este empresario que, según personas de su entorno, mantenía un alto nivel de vida en Canarias donde, por cierto, tampoco pagaba el alquiler del apartamento que había arrendado, según asegura su propietaria.
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