El Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó, el pasado día 29 de octubre, una convocatoria de ayudas para la instalación de ascensores en aquellas comunidades de propietarios o viviendas unifamiliares que no dispusieran de él, un compromiso que, según el consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, Miguel Marín, figuraba entre las promesas electorales del Partido Popular (PP).
Con un plazo para solicitar las ayudas hasta el día 2 de diciembre, tanto presencialmente en cualquier oficina de información y atención al ciudadano o por sede telemática, la subvención incluirá las obras ejecutadas desde el día 1 de enero de este año.
Con una inversión prevista –aunque ampliable, si hiciera falta- de 2.669.000 euros, se podrá sufragar hasta el cien por cien del coste para las viviendas de protección oficial (VPO) actuales o anteriores hasta un máximo de 35.000 euros para la adquisición del ascensor y de 80.000 euros para lo que es la obra en sí, que tiene un elevado coste. También se subvencionarán con hasta 3.000 euros la gestión administrativa, con hasta 15.000 euros la redacción de proyectos y direcciones facultativas y las tasas e impuestos que establezca la normativa. El total, pues, podrá ser de 133.000 euros.
El consejero piensa que se trata de una convocatoria lo suficientemente dotada de fondos como para que todas aquellas personas que viven en VPO y que no pueden salir de sus viviendas con regularidad por carecer de ascensor tendrán una mejor vida a partir de que se ejecute la obra. Es algo, ha dicho Marín, que “el Gobierno tenía como prioritario”, que se había comprometido a hacerlo durante la última campaña de las elecciones autonómicas y locales y que “va a cambiar la vida de muchos melillenses”.
Por ejemplo, se podrán beneficiar promociones como la del Tiro Nacional, el Peñón de Vélez o la de la calle General Polavieja, cerca del centro de salud.
Marín ha reiterado una vez más que los habitantes de estas promociones de VPO venían demandando desde hacía mucho tiempo esta ayuda y que ahora el Gobierno local viene a darle solución al problema, porque “cumple lo que promete”, como sucede con esta “reivindicación justa de los vecinos”.
La segunda modalidad, en este caso abierta a cualquier vivienda, ya sea unifamiliar o plurifamiliar, sufragará entre el 60 por ciento y el 80 por ciento del coste de la inversión, en función de si hay o no personas mayores o discapacitadas en esa vivienda o edificio. En el caso de los edificios unifamiliares, la cuantía máxima que se subvenciona es de 15.000 euros, en tanto que en aquellos plurifamiliares oscila entre los 9.000 y los 18.000 euros por vivienda.
El procedimiento para acceder a estas subvenciones será de concurrencia competitiva. Se darán diez puntos por cada residente en el edificio que cuente con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento, por cada vivienda de que conste el edificio, por cada planta de que conste el edificio y por cada residente en el edificio que tenga más de 65 años, aunque sólo se considerará un miembro por vivienda. En caso de empate, se resolverá en función de la fecha de la presentación de la solicitud.
Hay que tener en cuenta también que, para que la obra se pueda subvencionar, el edificio deberá ser anterior a 2006 y el 60 por ciento, al menos, deberá tener uso residencial.
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