La realización de un nuevo encargo para la ejecución de la línea eléctrica para la ampliación de la desaladora (IDAM) de Melilla es una decisión adoptada para atender la petición del cambio de trazado de la Ciudad Autónoma que está basada en criterios técnicos y que, además, está avalada por el propio Gobierno melillense. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lamenta así la politización que desde la Consejería de Medio Ambiente se está efectuando del asunto, su falta de lealtad institucional y la incongruencia de criticar un retraso causado por ellos mismos, a la vez que reitera su compromiso para dotar a la población de agua en cantidad y calidad suficiente.
El anterior gobierno de la Ciudad Autónoma solicitó la modificación del encargo de la línea eléctrica por un cambio de trazado. En ese momento y dado el inminente cambio de corporación tras las elecciones, la comisión de seguimiento del convenio suscrito entre las administraciones decidió esperar a que el nuevo gobierno ratificara dichos cambios, como así fue.
En la misma reunión de la comisión de seguimiento en que la Ciudad Autónoma ratificó el cambio de trazado de la línea, también se acordó por todas las partes seguir las indicaciones de los técnicos funcionarios encargados de la tramitación del expediente, que aconsejaron anular el encargo en vez de modificarlo, puesto que aún no habían comenzado las obras. Se recomendó hacer un nuevo encargo para evitar trámites lentos y laboriosos con son la Abogacía del Estado y la Intervención. Esta decisión fue avalada por los vocales de la Ciudad Autónoma que forman parte de la comisión de seguimiento del convenio para el abastecimiento a Melilla.
En cuanto a las posibles deficiencias de la desaladora, la CHG subraya que en el acta de recepción de la obra se acordó que se irían solventando en el año de garantía establecido que finaliza en el mes de diciembre, tal y como se está haciendo y dando buena cuenta de ello a la Ciudad Autónoma en las reuniones que a tal efecto se están llevando a cabo. Ya ha habido una en mayo, otra en julio y la próxima está fijada para el 24 de septiembre, todas ellas celebradas en la IDAM, con los responsables de la planta y del Gobierno melillense. Desde la Confederación se recuerda así que el plazo comprometido aún no ha finalizado y que faltan aún cinco meses.
No obstante, la CHG advierte que las deficiencias cuyo arreglo la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza calcula en cinco o seis millones de euros corresponden a la parte de la planta que no ha sido objeto de las obras de ampliación y, por tanto, no son responsabilidad de la Confederación. La Ciudad Autónoma tendrá que detallar dicho presupuesto y plantear cómo llevar a cabo su financiación, de lo cual la Confederación no tiene conocimiento al día de hoy.
Que los “JUZGADOS”, dirimen responsabilidades habidas.